El debate político en Extremadura se ha intensificado tras la entrada de la UCO en la sede del PSOE en Ferraz.El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la región, José Ángel Sánchez Juliá, ha calificado de "insostenible" la situación del Gobierno de Pedro Sánchez y ha defendido que "solo hay un camino: que convoque elecciones". Según ha señalado, el Ejecutivo está "poniendo en riesgo la credibilidad de nuestra democracia y de nuestras instituciones". 

Sánchez Juliá ha subrayado que el Gobierno está "arrastrando al país a una deriva peligrosa" y ha acusado al presidente de "resistir a toda costa" pese a estar, a su juicio, "totalmente acorralado por la corrupción". Además, ha instado al PSOE extremeño a sumarse a la petición de elecciones, advirtiendo de que, si no lo hace, "será cómplice de lo que está pasando en este país".

Desde Vox también han exigido la convocatoria de elecciones generales. La portavoz de Vox, Inés Checa, ha cargado con dureza contra el Ejecutivo central, afirmando que se trata de "otro capítulo más en este Partido Socialista que no cesa en corrupción". Checa ha ido más allá al definir al Gobierno como "un gobierno criminal que está destrozando España" y ha anunciado que su formación ha registrado una propuesta de pronunciamiento en la Asamblea de Extremadura para condenar los casos de corrupción que rodean al PSOE y al presidente del Gobierno. Asimismo, ha adelantado que impulsarán una votación en la Cámara para que los partidos "se retraten" sobre estos hechos. 

Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, dice que no sabe "qué hay de verdad y qué no" porque "está todo en proceso de investigación". En este sentido, ha pedido transparencia y que se esclarezcan los hechos. Eso sí, opina que "parece una operación coordinada desde poderes judiciales para dar un golpe de estado blando al Gobierno porque lo que hoy pasa no tiene nada que ver con el caso Zapatero pero parece muy pertinente que en la misma semana estalle todo". No obstante, pide que se investigue y "que caiga quien tenga que caer, quien meta la mano en la hucha común se tiene que ir a la cárcel", ha afirmado.

El PSOE, por su parte, no ha realizado declaraciones sobre este asunto y se remite a las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.