El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz (2i) a su salida al primer día del juicio de la Operación Kitchen, en la Audiencia Nacional, a 6 de abril de 2026.
Este martes se retoma el juicio del caso Kitchen, una de las causas más relevantes de la última década, que investiga una presunta operación parapolicial organizada entre 2013 y 2015 desde el Ministerio del Interior, cuando gobernaba Mariano Rajoy. El objetivo de esa operación habría sido sustraer documentación sensible al extesorero del PP, Luis Bárcenas, con información comprometida para el partido, al margen de cualquier control judicial.
Según la investigación, la llamada operación Kitchen habría sido impulsada desde la cúpula de Interior utilizando recursos públicos y agentes policiales para espiar a Bárcenas y a su entorno familiar. Entre las supuestas actuaciones se incluirían el pago con fondos reservados a colaboradores y el uso de policías para acceder a información privada del extesorero con el fin de impedir que esos documentos llegaran a los tribunales.
En el banquillo de los acusados se sentarán diez personas, entre ellas los principales responsables políticos y policiales de aquel momento. Destacan el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, su ex secretario de Estado Francisco Martínez, el ex director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino, así como el excomisario jubilado José Manuel Villarejo. También figura el exchofer de Bárcenas, que habría colaborado en la trama. Inicialmente fueron once los acusados, pero la causa contra el excomisario Enrique García Castaño fue archivada por motivos de salud.
El juicio llega trece años después de que presuntamente se orquestara la operación y ocho años después de que el caso saliera a la luz pública. Kitchen es una pieza separada del caso Tándem, en el que se investigan múltiples operaciones irregulares atribuidas a Villarejo durante su etapa en activo. En esta fase del proceso, el tribunal vuelve a abordar cuestiones previas antes de entrar en el fondo de un caso que busca esclarecer si desde el Estado se utilizó la estructura policial para proteger al PP de las consecuencias del caso Gürtel.
