Los hechos habrían ocurrido en una localidad cercana a Mérida durante 20 años y su inicio se remontarían a 2020. Según la Fiscalía, un padre abusó sexualmente de su hija, con discapacidad, durante todo este tiempo.
El Ministerio Fiscal le acusa de un delito continuado de abusos sexuales a persona especialmente vulnerable por razón de discapacidad y agravado por penetración y prevalimiento de situación de superioridad. La acusación particular eleva el delito a agresión sexual.
Por todo ello, la Fiscalía pide para el acusado diez años de prisión, pena accesoria de alejamiento y prohibición de comunicación durante diez años más de la pena de cárcel que efectivamente se le imponga. La acusación particular va más allá y pide para él 15 años de cárcel.
La defensa, sin embargo, defiende que fue una relación incestuosa, pero consentida, y que no existen pruebas que demuestren ni la violencia ni que esta relación existiese más allá del verano del 2020. Piden la absolución porque hay mensajes de whatsapp que apuntarían al consentimiento
