TRIBUNALES
Calama permite a Hacienda personarse por las joyas de Zapatero
El juez la considera “potencial perjudicada” por posibles delitos fiscales, mientras el expresidente pide frenar la difusión de sus datos en la causa del caso Plus Ultra
El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha ofrecido a la Agencia Tributaria la posibilidad de personarse en la causa sobre las joyas halladas en el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, al considerarla “potencial perjudicada” en la investigación.
En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado ha sostenido que la “naturaleza” de los hechos investigados puede ser “constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública y de un delito de contrabando”, los mismos por los que investiga a Zapatero en una pieza separada del ‘caso Plus Ultra’. En este sentido, ha argumentado que este extremo “revela un perjuicio patrimonial directamente conectado con ingresos de titularidad estatal cuya gestión corresponde” a la Agencia Tributaria.
Por ello, Calama ha situado a Hacienda como “potencial perjudicada” y ha considerado que está legitimada “para ejercitar las acciones penales y civiles que resulten procedentes” en el marco de la causa.
Joyas tasadas en 1,3 millones
La joyería Ansorena, a la que el juez solicitó una valoración, ha tasado en 1,3 millones de euros las joyas que fueron intervenidas por la Policía Nacional en una caja fuerte del despacho de Zapatero.
Zapatero pide limitar la difusión
Por otra parte, el expresidente del Gobierno ha solicitado al juez que adopte medidas para evitar la “difusión masiva” e “indiscriminada” de sus datos personales dentro del procedimiento.
En un escrito remitido al instructor, Zapatero ha reclamado “la expulsión de este procedimiento” de un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el que aparecen conversaciones con su secretaria, Gertrudis Alcázar, al entender que se trata de una “actividad ajena al perímetro” de la causa.
Esta petición se produce después de que la UDEF entregara un informe al juez en el que apuntaba que el expresidente habría cobrado 200.000 euros a cambio de mediar con el Ejecutivo de Bolivia, presidido entonces por Luis Arce, para resolver litigios económicos en ese país de una empresa peruana.
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