Extremadura, junto a once comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, ha remitido una carta a la comisaria europea de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall, en la que defienden el "rigor técnico" de su gestión del lobo y denuncian la "actitud arbitraria" del Gobierno central en esta materia.

En concreto, Extremadura, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Región de Murcia, la Comunidad Valenciana, Aragón, Canarias, Islas Baleares, Madrid y Castilla y León han acusado al Ejecutivo de "pretender declarar el estado de conservación de esta especie como desfavorable cuando los datos científicos indican que es favorable".

En la carta, la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y sus homólogos han informado a la responsable europea de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico abrió un trámite no previsto reglamentariamente que, según denuncian, "pretende convencer a la opinión pública de que las comunidades no fueron capaces de aportar con rigor todos los datos y la información necesarios".

De hecho, la Xunta ha señalado en una nota de prensa que en la documentación de ese procedimiento "se incluyen expresiones como valoraciones unilaterales y carentes de validación científica alguna que sugieren que la información recopilada por las comunidades no es fiable".

"Resulta contradictorio que este nuevo trámite solo se considere preciso para la documentación del lobo, y no se ponga en cuestión, en ningún momento, el trabajo realizado para otras especies, que se hizo con el mismo procedimiento, con los mismos participantes y con los mismos criterios", ha reflexionado.

Dudas sobre el procedimiento y los datos

Con todo, las comunidades también exponen que el Gobierno central "tampoco respetó en el caso del lobo el procedimiento de comunicación y diálogo para la validación formal de los archivos remitidos". Por el contrario, "sí hubo solicitudes de revisión por parte del Ministerio de cuestiones formales en los informes de otras especies, que fueron solucionadas en tiempo y forma".

Sobre los criterios empleados en el análisis, las comunidades autónomas han denunciado que el Ejecutivo central alude a supuestas pautas establecidas por la autoridades comunitarias que, "o bien son falsas o bien siembran dudas sobre una supuesta inconsistencia de los datos autonómicos".

También se han referido a "interpretaciones subjetivas" que el Ministerio hace sobre la jurisprudencia del Tribunal Superior de Xustiza de la Unión Europea (TJUE).