La jueza de la Audiencia Nacional (AN) María Tardón ha decidido quedarse con la investigación sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta de finales de julio, apuntando a "permisividad" y "gestión favorecedora" desde territorio de Marruecos.

En un auto recogido por Europa Press, la jueza indica que se trata de "una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España", utilizando para ello la entrada masiva en el país, a la que se han unido flujos migratorios irregulares que, según señala, han afectado gravemente a la vida y a los derechos de los ciudadanos de Ceuta.

A la vez, apunta a "una clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos" que, añade, "se evidencia a través del constatado y gráficamente contrastado comportamiento de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos".

La magistrada asume la competencia al considerar que se investigan presuntos delitos que comprometen la paz o la independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en conexión con homicidios imprudentes respecto de 83 fallecimientos acreditados por el momento en aguas españolas, así como un posible delito de organización criminal.

Además, requiere a los juzgados de Ceuta que le remitan las diligencias que hubieran iniciado respecto de los fallecimientos que pudieran haberse producido como consecuencia de la entrada masiva.

La instructora abrió diligencias previas sobre lo ocurrido tras una denuncia de la organización Iustitia Europa y tenía que resolver sobre su competencia, para lo que había solicitado el criterio de la Fiscalía, que se mostró partidaria de que asumiera la causa al entender que "los efectos más relevantes" de lo sucedido "se produjeron en territorio español" y que la Audiencia Nacional está capacitada para afrontar fenómenos criminales complejos y organizados.

El fiscal jefe de la AN, Jesús Alonso, señaló que el tribunal es competente ya que "hay que tener en cuenta que el resultado principal investigado, consistente en la entrada masiva e irregular de personas, se produjo en la ciudad de Ceuta, esto es, en territorio nacional".

El informe policial descarta que los hechos fueran espontáneos

Tardón recoge en su auto el informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía sobre los hechos, que concluyó que no se trató de actuaciones de naturaleza incidental, ocasional o espontánea, sino de un proceso en el que la finalidad migratoria operaba solo como cobertura formal y que apuntaba al "guiado activo" de inmigrantes por fuerzas marroquíes.

Asimismo, destaca que ese mismo departamento emitió el 29 de julio, un día antes de los acontecimientos, una primera Alerta de Riesgo de Entrada Masiva para su difusión a los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla, en la que se hacía constar la previsión de un "riesgo extremo" para un escenario de entradas coordinadas a nado y mediante el salto a la valla.

La jueza identifica una estructura de al menos cinco niveles. En el primero sitúa a la masa de personas que entraron en Ceuta; en el segundo, a quienes promovieron mensajes en redes sociales para movilizar a los migrantes; en el tercero, a los organizadores del flujo, aludiendo a agentes marroquíes; en el cuarto, a quienes diseñaron la planificación; y en el quinto, a quienes dirigieron la llegada masiva.

"Nos encontramos ante un proceso planificado y ejecutado por medio de la coordinación de actores" con capacidad de influencia en redes sociales, en personas vinculadas a las fuerzas de seguridad marroquíes y en instituciones con capacidad para participar en la planificación del proceso, advierte la magistrada.

La magistrada habla de una "violación masiva" de la soberanía territorial

En línea con las conclusiones policiales, Tardón sostiene que la entrada masiva se produjo en distintas oleadas que provocaron "un colapso de las capacidades de respuesta" del sistema de control fronterizo español y una "violación masiva de la soberanía territorial de España".

Añade que también se produjeron efectos posteriores de desestabilización en ámbitos como la seguridad pública, la sanidad, los servicios sociales o la defensa, además de repercusiones internacionales y geopolíticas.

La jueza subraya igualmente que hubo un "absoluto desprecio para la vida de las personas más vulnerables", a quienes, según recoge el auto, se condujo al mar sin preparación ni elementos adecuados de protección o auxilio.

Respecto a las fuerzas de seguridad marroquíes, analiza la actitud observada en diversos agentes uniformados y sostiene que las imágenes incorporadas al informe policial "no solo evidencian permisividad", sino que muestran cómo algunos policías "iban realizando indicaciones a las personas que cruzaban ilegalmente la frontera".

También menciona la existencia de agentes dinamizadores no uniformados entre la masa de personas que accedió a la ciudad autónoma.

Varias acusaciones populares se personan en la causa

Para la magistrada, los hechos encajan provisionalmente en un posible delito que compromete la paz o la independencia del Estado, al entender que se habría atentado contra la integridad territorial de España.

Tardón recuerda además que el presidente del Gobierno calificó los hechos durante una visita a Ceuta como "un ataque, una violación de la integridad territorial de España".

A ello suma que la utilización de un flujo migratorio masivo constituiría uno de los métodos característicos de la denominada "guerra híbrida" o "zona gris", con el objetivo de alterar la vida y los derechos de los ciudadanos de la ciudad autónoma.

Por otra parte, la instructora acuerda el secreto parcial de determinadas diligencias de investigación cuando su ejecución requiera preservar la confidencialidad de las actuaciones.

Asimismo, acepta la participación en la causa de Iustitia Europa, PP, Vox y Hazte Oír, entre otras acusaciones populares, y les ordena que se agrupen bajo una representación común.