El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha completado la transferencia de la primera anualidad del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 a las comunidades autónomas. La partida asciende a 800 millones de euros, una cantidad que forma parte de los 7.000 millones previstos durante toda la vigencia del programa.

Estos recursos servirán para poner en marcha nuevas políticas públicas en materia de vivienda en España y reforzar la oferta de vivienda pública y protegida.

Impulso a la vivienda pública

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha destacado que el compromiso del Gobierno con todas las administraciones públicas ha sido "desde el primer momento" ofrecer una respuesta "clara, contundente y coordinada al problema de la vivienda".

Asimismo, ha señalado que esta primera anualidad permitirá "hacer frente a la crisis impulsando más vivienda pública y protegida para siempre, con más y mejores mecanismos de transparencia".

Mecanismos de control y seguimiento

Para garantizar una gestión transparente y eficiente de los fondos, el Ministerio ha activado el trámite de audiencia e información pública de la orden ministerial que regulará los mecanismos de seguimiento, evaluación y suministro de información del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

Esta normativa se desarrolla en cumplimiento del Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, que regula el propio plan.

Informes periódicos y protección permanente

Según el departamento ministerial, la implantación de un sistema común de intercambio de información permitirá realizar un seguimiento detallado y periódico de las actuaciones financiadas. Este control se traducirá en la elaboración de informes trimestrales y anuales para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos.

Entre los aspectos esenciales del plan figura la protección permanente de las viviendas impulsadas con estos fondos, sin posibilidad de descalificación, así como su adjudicación mediante procedimientos públicos y objetivos.