La sentencia condena a once personas por prevaricación administrativa en el caso de la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz, imponiendo penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.

El fallo establece que todos los acusados carecen de antecedentes penales y fija nueve años de inhabilitación para cada uno de ellos, excepto para Miguel Ángel Gallardo Miranda, que acumula dos delitos y alcanza los 18 años. La sentencia declara a Miguel Ángel Gallardo Miranda autor de dos delitos de prevaricación administrativa, por lo que recibe dos penas de nueve años, sumando 18 años de inhabilitación. El tribunal considera que participó tanto en la decisión inicial que permitió la contratación como en la modificación posterior que la consolidó.

El tribunal condena a David Sánchez Pérez‑Castejón a nueve años de inhabilitación como cooperador necesario en la contratación que le permitió acceder al puesto en la Diputación.

Nueve años para el resto de implicados

El fallo impone nueve años de inhabilitación a:

• Elisa Moriano
• Cristina Núñez
• Félix González
• Juana Cinta
• M.ª Emilia Parejo
• Francisco Martos
• Luis María Carrero
• Ricardo Cabezas
• Manuel Candalija

A todos se les absuelve del resto de delitos como tráfico de influencias. La sentencia no es firme. Los condenados disponen de diez días para presentar recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.