BIOMETANO
Vecinos de Vegas Altas cortan la N-430 en Santa Amalia para protestar contra la planta de biometano
Unas 150 personas, vecinas de Hernán Cortés, Valdehornillos y Santa Amalia, se han concentrado a la altura de la pasarela peatonal de esta última localidad y han parado el tráfico
Canal Extremadura Concentración en Santa Amalia contra la planta de biometano.
Las plataformas vecinales contrarias al proyecto de instalación de una planta de biometano proyectada entre Santa Amalia, Hernán Cortés y Valdehornillos han convocado un corte de dos horas en la carretera N-430 para mostrar su rechazo a la iniciativa. La protesta ha comenzado a las 18:00 horas a la altura de la pasarela peatonal que conduce a La Charca, en Santa Amalia, bajo el lema 'No a la macroplanta de biometano de Don Benito', y ha ido cortando la carretera a intervalos de 15 minutos.
Los colectivos convocantes reclaman que el proyecto sea sometido a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, al considerar que ofrecería mayores garantías que el procedimiento simplificado actualmente planteado. El portavoz de la Plataforma de Santa Amalia, Paco González, sostiene que la resolución ambiental incorpora condicionantes previos que, a su juicio, justificarían una tramitación más exigente para proteger la salud de la población, el entorno natural y la actividad agrícola de la zona.
Entre las principales preocupaciones de los vecinos figura la posible afección al acuífero de Vegas Altas. González asegura que la instalación se ubicaría sobre una zona donde el nivel freático se encuentra muy próximo a la superficie y teme que posibles filtraciones o accidentes puedan acabar contaminando las aguas subterráneas. Si esto llegara a ocurrir, advierte, el impacto sobre la agricultura local sería muy negativo en una comarca marcada por la producción hortofrutícola. "¿Qué pasará cuando las aguas estén contaminadas?, ¿van a venir a comprar los tomates de Santa Amalia, de Hernán Cortés y de Valdehornillos?, yo desde luego preferiría no comer esos tomates, porque van a estar contaminados de nitrógeno, minerales...".
González también explica que la instalación recibiría unas 212.000 toneladas de residuos al año, y la mayor parte de ese material se transformaría en digestato. El portavoz de la plataforma cuestiona que exista superficie agrícola suficiente para su aprovechamiento como fertilizante, al considerar que podría provocar un exceso de nutrientes en los suelos.
Asimismo, los vecinos muestran su preocupación por los olores asociados a este tipo de instalaciones. Según ha señalado, vecinos de otros territorios donde se han instalado estas plantas aseguran que "no pueden abrir las ventanas" y que "es insoportable el olor". Igualmente, se quejan del incremento del tráfico pesado que generaría la entrada y salida de residuos.


Durante la concentración, los convocantes han leído un manifiesto en el que han insistido en que su rechazo a la macroplanta no supone una oposición al progreso ni a las energías renovables, sino una reclamación de mayores garantías para la salud, el medio ambiente y la economía de la comarca. En el documento, las plataformas reclamaron:
- Una moratoria para los nuevos proyectos de biometano hasta la aprobación de una normativa específica que regule este tipo de instalaciones.
- La elaboración de un Plan Regional de Biometanización que ordene la implantación de estas plantas y evalúe sus efectos acumulativos sobre el territorio.
- Una evaluación más rigurosa del proyecto de Vegantia, con garantías sobre la gestión de residuos y digestatos y la protección de las poblaciones cercanas.
- Un análisis exhaustivo de los posibles impactos sobre el agua, los suelos, los olores, el tráfico y la actividad agrícola de la zona.
- Una mayor participación de la ciudadanía en la toma de decisiones que afectan a los municipios implicados.
Asimismo, los colectivos han defendido que los beneficios económicos anunciados por la empresa deben compararse con los posibles costes ambientales y sociales del proyecto. Aseguran que continuarán recurriendo a todas las vías legales y administrativas para intentar frenar su instalación.


