La consejera portavoz, Elena Manzano, ha explicado en rueda de prensa que la Junta "ha aceptado todas y cada una de las peticiones planteadas por las empresas", todas aquellas, eso sí, que están en el marco de la ley.
La portavoz del gobierno regional ha comparecido tras la reunión habitual del Consejo de Gobierno, y ha querido dejar claro que "cada exigencia venía acompañada de otra más". Concretamente, ha detallado que "las empresas han llegado a exigir que les quitemos las rutas a empresas que han licitado" y que son adjudicatarias legalmente del servicio, para que se las adjudiquen a ellas que ni siquiera han licitado. Es decir, "llegan al punto de considerar las rutas como suyas".
La Consejería "lo ha intentado todo", dice Manzano, incluso, acudir a otras empresas del sector a nivel nacional para que se hagan cargo del servicio. Y añade que "no es un problema de dinero". Por ello, la portavoz asegura que el gobierno "asume la responsabilidad en la prestación de servicio público", pero añade que "no somos culpables de esta situación".
Eso sí, Elena Manzano ha asegurado que la Junta seguirá "defendiendo siempre el derecho a la educación" y la prestación del servicio, y para ello, utilizará todas las herramientas judiciales y administrativas disponibles.
Medidas cautelares
También desde el ámbito judicial, la consejera ha anunciado que la Junta interpondrá un recurso contra el auto del juzgado de Mérida que no aceptó imponer la prestación del servicio a las empresas como medida cautelar. En este caso, dice Manzano, el recurso irá acompañado de toda la información acerca de las negociaciones que se han mantenido durante los últimos días.
Ayudas para sufragar el kilometraje
El Consejo de Gobierno ha dado luz verde este martes a un Decreto Ley de ayudas urgentes para alumnos afectados por la falta de transporte escolar. Estas ayudas consistirán en el abono de 0,26 euros por kilómetro recorrido, concretamente, para dos recorridos por día lectivo, uno de ida y otro de vuelta, entre el domicilio y el centro educativo en el que estén matriculados los alumnos. Serán ayudas de concesión directa que estarán operativas hasta que se reestablezca la prestación del servicio.
Desde el 11 de septiembre hasta el día 19, el único requisito es ser beneficiario del transporte escolar. Y a partir del 22 de septiembre, se comprobará que se ha asistido al centro.
La consejera ha asegurado que el gobierno sabe que las familias "están realizando un gran esfuerzo para llevar a sus hijos a los centros" y esperan "contribuir a sufragar esos gastos" y "minimizar el perjuicio causado por la falta de prestación del servicio".
