El acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts para la delegación de competencias en inmigración a la Generalitat de Cataluña permitirá a esta comunidad gestionar los Centros de Internamiento de Extranjeros, reforzar la presencia de los Mossos d’Esquadra en la seguridad de puertos y aeropuertos en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y determinar los perfiles de trabajadores extranjeros contratados en origen. Para ello, se aumentará el número de efectivos policiales en 1.800 agentes más.

¿Qué piensan en Extremadura?

Esta última medida ha despertado el interés en Extremadura, donde el sector de la construcción estima que necesita entre 8.000 y 9.000 trabajadores para cubrir la falta de mano de obra. Desde la patronal extremeña Pymecon ven con buenos ojos cualquier iniciativa que ayude a agilizar la burocracia en la contratación de trabajadores extranjeros. "Si es un proceso que viene a flexibilizar la carga burocrática que hoy en día tiene la llegada de trabajadores para paliar el déficit en la construcción, evidentemente lo vemos con buenos ojos", afirma José Luis Iglesias, gerente de Pymecon.

El sector agrario extremeño también reclama que esta normativa se aplique a todas las comunidades por igual. Juan Metidieri, presidente de APAG Extremadura Asaja, subraya la necesidad de igualdad en la aplicación de la ley: "Una ley que beneficie a todos los españoles para la contratación en origen, bien, pero lo que no puede ser es que haya una parte beneficiada y la otra tenga que esperar", señala.

Por su parte, Ignacio Huertas, secretario general de UPA-UCE Extremadura, insiste en la necesidad de que los trabajadores puedan permanecer en el país durante un período más amplio, enlazando distintas campañas agrícolas y ganaderas: "Que a estos trabajadores les resulte rentable venir a trabajar. No van a venir solo para 15 días. El mínimo es tres meses, pero apostamos porque puedan permanecer más tiempo concatenando campañas y así trabajar durante muchos más meses", explica.

Desde el Gobierno central ya han manifestado que la delegación de competencias migratorias podría extenderse a otras comunidades autónomas si así lo solicitan.

Sin los apoyos necesarios

El acuerdo tendrá que ser aprobado en por el Congreso de los Diputados y de momento, no cuenta con los apoyos necesarios. Desde la Junta de Extremadura rechazan esa cesión de competencia, otra más han dicho, a los independentistas. 

El rechazo también ha llegado desde las Comunidades Autónomas del Partido Popular y de la socialista de Castilla-La Mancha. García Page ha dicho que el acuerdo migratorio del Gobierno con Junts es “hipócrita” y “racista" y que no se puede gobernar a cualquier precio. Mientras que la madrileña Ayuso asegura que en el momento en el que crean fronteras están rompiendo la unidad del país.

Los cinco sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación han abandonado la reunión del Observatorio Regional de la Convivencia Escolar en señal de protesta por la falta de avances en la negociación de mejoras salariales para el profesorado. Consideran que la Junta ha roto el diálogo y han anunciado movilizaciones en defensa de sus reivindicaciones. Se trata de paros que llevarán a cabo todos los miércoles. 

Concentraciones

Desde ANPE Extremadura, Ana Bravo, ha explicado que las movilizaciones se llevarán a cabo los miércoles en diferentes centros educativos, de manera presencial por parte de los delegados, y también de los docentes, aunque ha explicado que están estudiando otro tipo de protestas. El próximo miércoles habrá una concentración en el Instituto Santa Eulalia de Mérida, a la hora del recreo, y desde el sindicato animan a que los docentes apoyen estas medidas desde sus centros. Ana Brazo ha asegurado que necesitan la homologación salarial de los docentes de Extremadura, pues considera que "estamos a la cola a nivel nacional".

Antes de su salida, la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, trató de calmar los ánimos asegurando que las negociaciones no estaban rotas, sino que la propuesta inicial del Ejecutivo regional no era del agrado de los sindicatos. En la última reunión entre ambas partes, la Junta ofreció una subida de 30 euros mensuales, una cifra muy inferior a la demanda sindical, que aspira a un aumento casi once veces mayor.

La Guardia Civil ha abierto diligencias contra dos vecinos de Puebla del Maestre como presuntos autores de un delito contra la flora y fauna, tras ser sorprendidos en un coto de caza mayor en Monesterio sin la correspondiente autorización.

Caza furtiva

Las sospechas sobre actividades de caza furtiva en la finca llevaron a los agentes del Seprona de Fuente de Cantos a establecer un operativo de vigilancia a mediados de febrero, con el apoyo de la Guardia Civil de Monesterio. Durante el dispositivo, los agentes escucharon dos disparos y observaron a un individuo cerca de su vehículo, en contacto con otra persona mediante un dispositivo de transmisión. Poco después, un segundo vehículo se acercó al lugar, confirmando la presencia de ambos investigados.

Tras su identificación, los agentes inspeccionaron los vehículos y hallaron un rifle, una escopeta, munición, prismáticos, machetes, cuchillos y sierras utilizadas para el despiece de animales de caza mayor, además de cuatro perros de caza. Las pesquisas confirmaron que ninguno de los implicados contaba con autorización del titular del coto.

Ante estos hechos, se les ha instruido diligencias por presunto delito contra la flora y fauna, que han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Zafra.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Cáceres ha anulado las ocho multas de 601 euros impuestas por la Delegación del Gobierno a ocho ciudadanos que participaron en una protesta en septiembre de 2023, durante la cual cortaron la circulación ferroviaria en Navalmoral de la Mata.

Plataforma 'No al muro'

La manifestación, convocada por la plataforma ciudadana 'No al muro', se celebró el 14 de septiembre de 2023 y provocó la interrupción del tráfico ferroviario en la zona durante aproximadamente media hora. Las sanciones se habían impuesto bajo el argumento de desobediencia a la autoridad, pero el juzgado, tras analizar las pruebas presentadas en el juicio del pasado 20 de febrero, determinó que no existían evidencias suficientes para acreditar dicha infracción.

En consecuencia, la sentencia anula las multas y obliga a la Delegación del Gobierno a asumir las costas judiciales del proceso. Además, el fallo es firme y no admite recurso, por lo que la resolución queda definitivamente en favor de los manifestantes.