El programa Unirural arranca su cuarta edición con el objetivo de facilitar la incorporación de jóvenes titulados de la Universidad de Extremadura al mercado laboral en pequeños municipios. La iniciativa, impulsada por las diputaciones provinciales, ofrece 50 becas, 25 para titulados de Badajoz y otras 25 para Cáceres, que permitirán a los participantes trabajar durante seis meses en empresas del entorno rural. Como novedad, la remuneración mensual aumenta hasta los 1.300 euros, reforzando el atractivo del programa.

Manuel Gómez, diputado pacense de Formación, ha destacado los buenos resultados obtenidos en ediciones anteriores: “Los datos nos avalan, en un año el 74 % está trabajando, el 80 % de manera indefinida y 9 de cada 10 personas obtiene su puesto de trabajo”.

Por su parte, Esther Gutiérrez, vicepresidenta de la Diputación de Cáceres, ha subrayado que el objetivo no es retener el talento como una obligación, sino mostrar que el medio rural también ofrece oportunidades laborales y de desarrollo profesional.

El programa contribuye a frenar la despoblación y a visibilizar las posibilidades que brinda el tejido empresarial rural. Además, crece en cifras y resultados: la mitad de los participantes del año anterior mantiene vinculación con la empresa, lo que demuestra su éxito e impacto en la economía local.

La Junta de Extremadura ha solicitado al Gobierno de España la prórroga de la disposición que permite la jubilación activa de médicos de familia y pediatras con nombramiento estatutario o funcionario, recogida en la Ley General de la Seguridad Social. Esta medida, que afecta a cerca de un centenar de profesionales en la región, está prevista que finalice el próximo 27 de diciembre tras tres años de aplicación.

La Consejería de Salud y Servicios Sociales trasladó esta petición en el último Pleno de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, alertando del impacto negativo que tendría su supresión en el sistema público extremeño. La jubilación activa permite que los facultativos continúen trabajando tras alcanzar la edad de retiro, contribuyendo a paliar el déficit de profesionales en atención primaria y pediatría.

El Ejecutivo regional espera una respuesta favorable del Gobierno central para garantizar la continuidad de esta medida, considerada clave para mantener la calidad asistencial en los centros sanitarios de Extremadura.

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha mantenido una reunión de trabajo con Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura en la sede de la organización en Mérida, dentro de la agenda de escucha activa que desarrolla el partido en el marco de la campaña del 21-D. En el encuentro han participado el presidente de la entidad, Ángel Pacheco, y su directora, Carmen Moreno, y se han abordado los principales retos y necesidades del sector cooperativo.

Gallardo destaca que las cooperativas son “un pilar estratégico de nuestro campo, generan empleo, fijan población en el medio rural y garantizan un modelo de desarrollo justo y sostenible”. Por ello, asegura que la prioridad del PSOE es escuchar, atender y dar respuesta real a sus necesidades.

Entre las reivindicaciones trasladadas por la organización figuran el reequilibrio de la cadena agroalimentaria para asegurar precios justos, el impulso a la incorporación de jóvenes y mujeres, la digitalización, la innovación y un mayor apoyo frente a problemas críticos como la escasez de agua, la modernización de regadíos y la lucha contra plagas y enfermedades.

El candidato socialista afirma que el PSOE incorporará estas propuestas a su programa de gobierno. “Nuestro compromiso es claro: un campo fuerte, sostenible y con futuro solo será posible si las cooperativas tienen el apoyo que merecen. Vamos a estar a su lado para dar estabilidad, seguridad y oportunidades al sector agroalimentario extremeño”, subrayó.

Los grandes incendios forestales que arrasaron Extremadura este verano han situado a la región en el centro del debate sobre el coste creciente de las catástrofes naturales en España. Este asunto se ha abordado hoy en el X Simposium del Observatorio de Catástrofes, donde se ha presentado el Barómetro 2024.

El informe revela que la Dana de octubre de 2024 concentró el 83% de los daños y elevó la factura total a más de 11.000 millones de euros, con un incremento del 160 % en los costes asegurados respecto al año anterior. En 2025, el mayor riesgo ha sido el de incendios forestales, con más de 400.000 hectáreas quemadas, una realidad que afectó de lleno a Extremadura.

En una entrevista en Primera Hora, en Canal Extremadura Radio, Pedro Tomey, presidente del Observatorio, ha insistido en la necesidad de mejorar la gestión del riesgo y apostar por la diversificación agrícola para reducir el impacto de estos fenómenos extremos. Tomey subraya que la prevención y la planificación son esenciales para minimizar las pérdidas económicas y proteger a las poblaciones más vulnerables ante episodios cada vez más frecuentes y severos.

Por su parte, la patronal de la construcción Seopán advierte que España debe invertir 10.000 millones de euros al año para hacer frente a sequías e inundaciones. Según su informe, la lucha contra el cambio climático supondrá unas necesidades de inversión de 104.000 millones en la próxima década, solo para garantizar el suministro de agua y reducir los efectos de las inundaciones. Un reto que, según los expertos, no puede esperar si se quiere evitar que regiones como Extremadura vuelvan a sufrir las consecuencias de fenómenos extremos.