Este martes se llevaba a cabo en Cáceres un amplio operativo conjunto, en el marco de la Operación FAKE, en el que han participado agentes de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, junto con un perito judicial de marcas.
La actuación, según informa la Benemérita, se centró en la inspección de varios puestos instalados en el recinto ferial de la ciudad, con el objetivo de detectar la venta de artículos falsificados.
Durante la inspección "se identificaron varios puestos donde se comercializaban numerosos productos que aparentaban pertenecer a conocidas marcas comerciales del ámbito textil, juguetería y otros sectores".
Y se constató que los responsables de dichos establecimientos "no podían acreditar la legítima procedencia de los artículos mediante facturas de compra o documentación válida. Esta circunstancia, unida a las características visuales de los productos, llevó a los agentes a considerar que se trataba de productos falsificados".
Como resultado de la operación, se intervinieron más de 1.800 artículos presuntamente falsificados, entre ellos prendas de vestir, juguetes y efectos diversos, valorado todo ello en cerca de 145.000 euros.
Investigados y detenidos
Asimismo se procedió a la investigación penal de dos personas por su presunta implicación en un delito contra la propiedad industrial, uno de ellos además fue denunciado administrativamente por la supuesta comisión de infracciones en materia de contrabando, venta de artículos pirotécnicos y en materia de Seguridad Social.
En el mismo operativo se procedió a la detención de tres varones en situación irregular en territorio nacional, y se tramitaron diligencias por desamparo de un menor extranjero no acompañado, de 17 años de edad.
Este tipo de operaciones, recuerda la Guardia Civil, responden al compromiso de proteger los derechos de los consumidores, evitando la distribución de productos que no cumplen con las garantías mínimas de calidad y seguridad.
La venta de productos falsificados no solo constituye un delito, sino que "puede poner en riesgo la salud de la ciudadanía y contribuye a la economía sumergida, afectando a los comercios que actúan de forma legal y responsable".
