La organización ecologista Adenex ha insistido en que la prórroga del reactor 2 de la central nuclear de Almaraz solo sería posible si las empresas la solicitan dentro del plazo legal, que expira en un mes.

En el caso del reactor 1, recuerdan que desde noviembre del pasado año la ley impide cualquier solicitud de ampliación. "Si incumplen la legislación vigente, acudiremos a los tribunales a denunciar", advierte José María González, coordinador de energía de la asociación.

"Ha originado el mismo porcentaje de paro en la comarca"

Estas declaraciones se han producido durante la presentación del libro Amanecer sin Almaraz, una obra que repasa los casi 50 años de lucha de Adenex contra la energía nuclear. En él, aseguran que Almaraz fue en 2024 la central con más incidentes registrados en España: siete de los 33 contabilizados a nivel nacional. "Ha originado el mismo porcentaje de paro en la comarca. El paro juvenil es el mismo o mayor que en el resto de la región. Desde luego, innovaciones industriales ninguna", denuncian desde la organización.

A pesar de la inversión millonaria en la zona, Adenex sostiene que la central no ha cumplido las expectativas económicas ni sociales. El libro, que definen como una “herramienta para la memoria”, recuerda que Almaraz nació con fecha de caducidad.

Durante cinco días, agentes encargados de investigar delitos tecnológicos han cambiado su rol habitual para convertirse en alumnos. En Mérida, participan en un curso especializado impartido por el perito informático Jorge Coronado, con el objetivo de mejorar sus capacidades frente a las estafas cibernéticas.

Pedro José Pardo, director del Centro Universitario de Mérida, destaca la importancia de esta formación: “Para que en su trabajo diario de atender las denuncias de los ciudadanos sobre las estafas o delitos relacionados con la ciberseguridad puedan perseguirlo de la forma más adecuada posible.”

Los delitos en la red son cada vez más complejos y difíciles de rastrear. Aurelio Fernández, comisario jefe de la Comisaría de Mérida, explica: “Delitos que son muy complicados de investigar, delitos que son complicados de detener a los autores, porque hay que tener en cuenta que estos delitos en la red, el autor puede estar en un país en África, en Nigeria, la víctima puede estar en España y el dinero viajar a un paraíso fiscal.”

La mayoría de los delitos en internet tienen un componente económico. Según Jorge Coronado, “Ahora mismo yo creo que lo que más hay son criptoestafas, estafas del amor, los diferentes mensajes de phishing que llegan por correo electrónico y WhatsApp.” Antonio Bravo, de la Policía Judicial de Badajoz, añade: “Principalmente son delitos contra el orden socioeconómico, principalmente cargos en tarjeta y todo tipo de estafa, ya sean ciberestafa, criptoestafa.”

Conscientes de la evolución constante de la criminalidad digital, los agentes continúan en formación permanente para adelantarse a los delincuentes y adaptarse a los nuevos modelos delictivos que surgen en la red.

Comisiones Obreras ha denunciado en su último informe la infrafinanciación estructural de la Universidad de Extremadura, una situación que, según el sindicato, responde a una política que favorece la implantación de universidades privadas en la región. Desde la pandemia, aseguran, la financiación de la universidad pública ha caído un 8%.

"Falta financiación estructural de la Universidad de Extremadura"

María Berrocal, secretaria general de CCOO Extremadura, advierte: “Falta financiación estructural de la Universidad de Extremadura, de la pública, que afecta al sistema universitario aumentando la oferta de las universidades privadas.”

El sindicato habla de una “privatización encubierta” de la enseñanza superior. En Extremadura, ya hay dos universidades privadas a punto de implantarse y otras dos que aún esperan el dictamen del Ministerio. Tomás Rodríguez, de la Federación de Enseñanza de CCOO Extremadura, señala: “Vienen a competir directamente con la única universidad pública que tenemos en la región. Vienen a restarle alumnos a la universidad pública, vienen a competir en recursos económicos con esa universidad.”

Las universidades privadas no garantizan la calidad de la enseñanza

Además, critican que algunas de estas universidades privadas no garantizan la calidad de la enseñanza, ya que continúan adelante con sus proyectos sin haber recibido el visto bueno de la Conferencia de Política Universitaria. CCOO niega que estas instituciones vengan a complementar la oferta pública.

Carmen Vidal, secretaria de Política Universitaria de CCOO, afirma: “No ofrecen grados que no esté ofertando la universidad extremeña, es decir, no vienen a ampliar el catálogo de grados, son los mismos grados. Y los grados nuevos que no oferta la universidad pública extremeña, y es por los que mucha gente se va, no van a ser en ningún caso presenciales en Extremadura, van a ser online.”

El sindicato también denuncia que las universidades privadas no compiten en igualdad de condiciones, ya que no están obligadas a cumplir los mismos ratios de profesorado ni a realizar investigación, una actividad que consume buena parte del presupuesto de la universidad pública.
 

Tras dos años y medio de reforma, el Palacio de Godoy, construido en 1563, se convierte en un hotel cinco estrellas gestionado por la cadena estadounidense Hilton. Los promotores han invertido 14 millones de euros en el proyecto.

El concepto del nuevo establecimiento se inspira en el papel de Extremadura en la conquista de América y destaca por su riqueza artística, con numerosas obras expuestas que lo asemejan a un museo. 

La arquitectura del hotel es obra de BSV Arquitectos, mientras que los jardines, diseñados por Álvaro de la Rosa, se riegan de forma natural con agua subterránea. El paisajismo combina flora autóctona con especies americanas, evocando los jardines limeños de los siglos XVI y XVII.

El hotel abre con 73 habitaciones dobles, incluidas cinco suites, y una plantilla inicial de 37 empleados, en su mayoría extremeños, con previsión de ampliación. Además, ofrece espacios abiertos al público como el restaurante, la cafetería, el patio interior y una terraza con vistas a la ciudad monumental.

Continúa la polémica entorno a los fallos en las pulseras telemáticas contra el maltrato. La Fiscalía General del Estado alertaba este jueves de absoluciones por fallos en las pulseras telemáticas de maltratadores. Concretamente, se habrían producido vacíos de información sobre la ubicación de los agresores durante el traspaso de datos entre las empresas prestatarias del servicio, por lo que no se puede demostrar si han quebrantado sus órdenes de alejamiento. 

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura a esta casa, en la región no se ha registrado ningún sobreseimiento provisional o fallo absolutorio relacionado con el uso de este tipo de dispositivos. De hecho, en nuestra región apenas hay activas un centenar de estas pulseras telemáticas, según los últimos datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, ya que su funcionamiento no se considera óptimo en zonas rurales por la falta cobertura y por tratarse en su mayoría de poblaciones pequeñas.

Fuente: Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género

Choque político

A causa de la polémica generada por los fallos de estos dispositivos, el Partido Popular forzará una votación en el Congreso para reprobar a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por lo que consideran una "negligencia". 

Por su parte, el Ministerio de Igualdad ha reconocido que hubo "incidencias técnicas" derivadas del cambio de contrato de las pulseras, pero fueron "problemas puntuales" que se solucionaron hace meses. Ana Redondo ha querido dejar claro que el sistema "funciona, y funciona mucho mejor que antes".

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a las Brigadas de Policía Judicial y Seguridad Ciudadana de la Comisaría Provincial de Badajoz, procedieron el pasado 11 de septiembre a la detención de 6 personas por su presunta autoría de un delito de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, lesiones, detención ilegal, amenazas y atentado a agente de la autoridad.

Narcopiso y punto de venta de drogas

La investigación comenzó a raíz del conocimiento de la existencia de una vivienda que pudiera estar usándose como “narcopiso” y punto de venta de sustancias estupefacientes en el casco antiguo de Badajoz.

Los agentes, en sus numerosas vigilancias discretas, comprobaron el continuo trasiego de consumidores de estas sustancias, siendo uno de los puntos más activos de venta y consumo de droga de la capital, corroborando este dato las aprehensiones de estupefacientes efectuadas a pesar de que en muchas ocasiones la droga adquirida era consumida en el interior del inmueble, que contaba con habitaciones preparadas para ello.

Paralela a esta investigación por tráfico de drogas, existía otra por un delito de lesiones, amenazas y detención ilegal, hechos acaecidos en el interior de este “narcopiso” donde estaban implicados varios de los investigados del punto de venta de droga.

Cabe reseñar que la vivienda estaba regentada por varias personas, detenidas con anterioridad, lo que dificultó la investigación, ya que la experiencia de estas personas la hacía más compleja, aumentando las medidas de seguridad.

Organización criminal 

Esta organización criminal tenía una estructura piramidal con clara distribución de tareas, situándose en primer lugar los que suministraban las drogas y recogían la recaudación; a continuación los que llevaban a cabo la venta directa y control del “narcopiso”; y en último lugar, conocidos toxicómanos que atraían a “clientes” y realizaba funciones de vigilancia en el exterior.

Con la preceptiva autorización judicial, el pasado 11 de septiembre se practicó la entrada y registro de esta vivienda, deteniendo a 6 personas e interviniendo diversas cantidades de cocaína (de la que se podrían obtener unas 420 dosis) y heroína (de la que se podrían obtener unas 370 dosis), útiles para la elaboración de estas dosis, más de 1500€ en efectivo y básculas de precisión.

Detenidos con edades entre 20 y 60 años

En la práctica de esta entrada, los agentes fueron recibidos con gran agresividad por algunos de los allí presentes, imputándoles así un delito de atentado a agente de la autoridad.

Los detenidos son seis varones, de entre 20 y 60 años de edad, algunos con antecedentes, quienes tras la instrucción del pertinente atestado fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, decretando el ingreso en prisión de uno de ellos.