El Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) ha reclamado al Gobierno regional soluciones para la falta de cobertura de las rutas escolares que, advierte, está causando un "grave perjuicio" a alumnos y familias.

Seguro de que esta situación constituye un "golpe a la línea de flotación de la igualdad de oportunidades", especialmente en contextos donde la educación "depende en gran medida de la movilidad", como es el caso de las zonas rurales, el sindicato ha instado a la Administración autonómica a reunirse "mañana, tarde y noche" con todas las empresas, antes de alcanzar un "punto de parálisis" que "empeore el daño".

"El fracaso de las negociaciones demuestra la incapacidad de la consejera de llegar a un punto de encuentro que desbloquee la situación, y va a provocar, además, una huelga indefinida que ya ha sido anunciada por la Federación Estudiantil de Extremadura y concentraciones en los centros, convocadas por la Freampa", ha subrayado PIDE en una nota de prensa en la cual ha expresado su apoyo a las movilizaciones anunciadas.

Por otra parte, tras lamentar que las familias con menos recursos son las más afectadas, PIDE ha considerado que "al final, todos estarán afectados" por cuenta de, ha valorado, la "malísima idea" de simultanear clases presenciales con telemáticas.

A este respecto, el sindicato ha anotado que es "ilegal" obligar a los centros a establecer una enseñanza telemática, dado que es un cambio significativo en las condiciones laborales de los docentes y, por tanto, debería pasar antes por Mesa Sectorial de educación.

Además, agrega PIDE, esta modalidad educativa situará a algunos progenitores en una "difícil tesitura" en tanto que, ha apuntado, "muchos alumnos, por su edad, no pueden quedarse solos en casa".

El secretario general del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha denunciado este fin de semana la situación crítica del transporte escolar en la región, asegurando que el gobierno autonómico “está deteriorando un derecho fundamental, que es la educación”.

Medidas legales

Gallardo ha asegurado que su partido no se quedará de brazos cruzados y que pondrá en marcha medidas legales para restablecer cuanto antes el servicio, así como una denuncia ante el Defensor del Pueblo, argumentando que “en Extremadura está pasando lo que nunca ha ocurrido: un derecho constitucional como la educación no se puede ejercer por la ciudadanía”.

El dirigente socialista ha responsabilizado directamente a la presidenta de la Junta, María Guardiola, de la situación, señalando que “es incapaz de resolver los problemas de Extremadura y se esconde ante los problemas”. Gallardo ha cuestionado la presencia de la presidenta durante este fin de semana, afirmando que si no está resolviendo el problema del transporte escolar, “la respuesta es bien sencilla: está escondida”.

Las furgonetas se han convertido en un reto para la seguridad vial. El año pasado, 79 personas fallecieron en accidentes en vías interurbanas y los heridos graves aumentaron, lo que pone de manifiesto la creciente siniestralidad asociada a este tipo de vehículos. En Extremadura, el último accidente mortal se registró en diciembre en la carretera EX-119, cerca de Talayuela, cuando el ocupante de una furgoneta perdió la vida.

Mejorar la seguridad vial

Para hacer frente a esta situación, la Dirección General de Tráfico ha anunciado la elaboración de un plan específico de seguridad para furgonetas, que incluirá formación para conductores, concienciación sobre riesgos y renovación de la flota. El organismo ha abierto además un debate, reuniendo a expertos y responsables del sector para analizar la movilidad y proponer medidas concretas.

Se trata de vehículos situados a medio camino entre turismos y camiones, cuyo parque ha crecido con el auge de la logística y el reparto de mercancías. Datos recientes muestran que cerca del 40% de las furgonetas supera los 20 años de antigüedad, mientras que la edad media del parque circulante es de 12 años, lo que incrementa los riesgos en carretera.

Con estas medidas, la DGT pretende reducir la siniestralidad y garantizar una movilidad más segura tanto para los conductores de furgonetas como para el resto de usuarios de la vía.

La Confederación Regional Empresarial Extremeña ha advertido de que la expansión industrial en Extremadura se encuentra en riesgo por la saturación de la red eléctrica, que alcanza ya el 87% de ocupación, tres puntos por encima de la media nacional.

Proyectos y plataformas en riesgo

Según los datos disponibles en el mapa de Iberdrola, la región cuenta con 31 puntos de disponibilidad, la mayoría en la provincia de Cáceres. Sin embargo, ciudades clave como Cáceres, Trujillo o Navalmoral de la Mata carecen de capacidad eléctrica disponible, lo que pone en una situación comprometida tanto a proyectos empresariales de medianas dimensiones como a iniciativas estratégicas, entre ellas el centro de datos CC Green o la futura gigafactoría de baterías de litio.

El secretario general de la Creex, Javier Peinado, ha señalado que la situación es especialmente preocupante porque los puntos de disponibilidad eléctrica “no coinciden con los polos empresariales que más desarrollo están teniendo en Extremadura”. Como ejemplo, ha citado la Plataforma Logística de Badajoz, que no figura entre las áreas operativas.

Reforma legislativa

El Gobierno central defiende que desde 2020 se ha otorgado capacidad energética equivalente “a otra España entera”, teniendo en cuenta proyectos urbanísticos, de hidrógeno y de recarga de vehículos eléctricos. Sin embargo, desde la patronal extremeña reclaman que los próximos cambios legislativos incluyan mecanismos de compensación para las compañías eléctricas, de manera que mantengan la inversión cerca de los polos industriales de la región.

Peinado advierte de que la reforma legislativa en ciernes podría no favorecer estas inversiones, lo que supondría un freno a las oportunidades de desarrollo económico e industrial de Extremadura.

El inicio del curso escolar en Extremadura ha estado claramente marcado por problemas en el transporte escolar, especialmente en las zonas rurales, debido a que no se ha alcanzado todavía un acuerdo entre la Junta y las empresas del sector.

Más de 5.000 alumnos no han podido asistir a clase en los primeros días, una situación que preocupa especialmente en los centros especiales, donde la educación online no es viable. La directora del Centro Los Ángeles de Mérida, María Ángeles Morcillo, ha explicado que en este centro más del 90% de los 60 alumnos con necesidades especiales depende del transporte escolar, y que la atención presencial es imprescindible para su aprendizaje y desarrollo.

Sin avances en las negociaciones

Por el momento, ambas partes mantienen sus posturas y no se ha sellado ningún acuerdo que garantice el servicio de cara a los próximos días. La incertidumbre continúa y los responsables educativos advierten que, si no se encuentra una solución inmediata, los alumnos de los centros especiales podrían verse seriamente afectados.

La consejera de Educación ha asegurado que dar servicio a estos centros es una prioridad, reconociendo las condiciones excepcionales que requieren una atención presencial y directa. Sin embargo, la resolución del conflicto sigue pendiente, dejando al sistema educativo regional a la espera de un acuerdo que permita normalizar la movilidad escolar.