El Consejo de Ministros ha dado este martes un nuevo paso al aprobar, en segunda vuelta, la reforma del artículo 43 de la Constitución con el objetivo de garantizar de forma explícita el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública. Con ello, el Ejecutivo inicia ahora un recorrido parlamentario que no se antoja sencillo. El texto aprobado deberá superar mayorías tanto en el Congreso como en el Senado, lo que obligará a negociar con distintas fuerzas políticas.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha sido la encargada de presentar la reforma tras el Consejo de Ministros. Según ha explicado, el nuevo texto incorpora un apartado que obliga a los poderes públicos a asegurar que las mujeres puedan acceder al aborto “en condiciones de igualdad real y efectiva”, incluyendo todos los servicios necesarios dentro del sistema sanitario.
Tramitación complicada
La propuesta llega con el aval del Consejo de Estado, aunque no exenta de matices. El órgano consultivo respaldó su constitucionalidad, pero también dejó caer dudas sobre la elección del artículo 43, centrado en el derecho a la protección de la salud, frente a otras vías más exigentes desde el punto de vista jurídico. En todo caso, el Gobierno ha optado por este camino, que permite una tramitación menos rígida.
Desde el Ejecutivo se insiste en que no está en cuestión el derecho en sí, reconocido por el Tribunal Constitucional, sino su aplicación práctica. “Lo que está en riesgo es su dimensión prestacional”, ha defendido la ministra, en referencia a posibles desigualdades en el acceso según el territorio.
Aun así, Ana Redondo no ha ocultado las dificultades que se avecinan. La aritmética parlamentaria obliga a tejer acuerdos amplios, y la propia ministra ha reconocido que la negociación será clave en las próximas semanas.
