El Gobierno, la Iglesia católica y el Defensor del Pueblo han sellado este lunes un acuerdo clave para abordar la reparación a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesial. El protocolo, que permitirá empezar a presentar solicitudes a partir del 15 de abril, establece un sistema de evaluación individualizada sin fijar cuantías económicas concretas, aunque sí recoge criterios para determinar las compensaciones.
La firma, que se ha retrasado aproximadamente un mes respecto al calendario inicial pactado en enero, ha tenido lugar en la sede del Defensor del Pueblo en Madrid. En el acto han participado el ministro Félix Bolaños, el Defensor Ángel Gabilondo y representantes de la Iglesia como Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española, y Jesús Díaz Sariego, presidente de CONFER.
Indemnizaciones
Uno de los puntos más relevantes del acuerdo es precisamente la ausencia de baremos cerrados para las indemnizaciones. En su lugar, se evaluará cada caso atendiendo a factores como la gravedad de los abusos, la edad de la víctima, la duración de los hechos o las secuelas. Según ha explicado Félix Bolaños, “la reparación justa no debe estar determinada por una cifra”, sino por un análisis detallado de cada situación.
El sistema se articulará en varias fases y con distintos actores. El Ministerio creará una unidad específica para tramitar las solicitudes, mientras que el Defensor del Pueblo contará con un equipo independiente que analizará cada caso y propondrá una resolución en un plazo de tres meses. Esa propuesta podrá incluir desde reparaciones simbólicas o espirituales hasta compensaciones económicas.
La última palabra, en caso de desacuerdo, recaerá en el Defensor del Pueblo, cuya decisión será vinculante para la Iglesia. No obstante, el procedimiento contempla varios intentos de consenso previos, incluyendo la intervención de una comisión mixta con representantes de todas las partes, incluidas las víctimas.
Reparación integral
Desde la Iglesia, el presidente de la Conferencia Episcopal ha defendido que el objetivo no es fijar cantidades sino avanzar hacia una “reparación integral”, reconociendo al mismo tiempo que en muchos casos esta nunca podrá ser completa. En una línea similar, desde CONFER se ha valorado el acuerdo como un paso necesario, aunque imperfecto, para aliviar el sufrimiento de las víctimas.
