El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado este martes que España no dispone de medidas adecuadas y eficaces para sancionar el abuso de la contratación temporal de interinos en el sector público. En una sentencia de gran impacto para el empleo público, el órgano judicial europeo concluye que las fórmulas actualmente empleadas por las administraciones españolas no cumplen con las exigencias del Derecho de la Unión para prevenir y corregir este tipo de prácticas.
El indefinido no fijo no pone fin a la precariedad
El TJUE señala que la transformación de los contratos temporales en la figura de indefinido no fijo no constituye una solución válida, al tratarse de una relación laboral que mantiene su carácter temporal y prolonga la situación de precariedad del trabajador afectado. Según el tribunal, este mecanismo no sanciona de manera efectiva el abuso cometido ni disuade a las administraciones de recurrir de forma reiterada a la contratación temporal.
La sentencia también cuestiona la eficacia de otras medidas utilizadas en España para hacer frente a este problema, como el pago de indemnizaciones al finalizar la relación laboral, la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas o la convocatoria de procesos selectivos. A juicio del TJUE, estos instrumentos, tal y como están configurados en el ordenamiento jurídico español, no garantizan una respuesta real, efectiva y disuasoria frente al uso abusivo de contratos temporales, lo que supone una vulneración de la normativa europea en materia de empleo.
El fallo no impone la fijeza, pero exige cambios
No obstante, el tribunal europeo evita pronunciarse de forma expresa sobre la obligación de convertir automáticamente a los trabajadores interinos afectados por abuso de temporalidad en empleados fijos. La sentencia se limita a afirmar que el sistema actual no alcanza los objetivos de prevención y sanción exigidos por la legislación comunitaria, dejando margen a los Estados para diseñar las medidas correctoras, siempre que estas sean efectivas.
Tras conocerse el fallo, el Gobierno ha interpretado la resolución como aclaratoria y ha subrayado que el TJUE no impone cambios automáticos ni sanciones concretas. Desde el Ejecutivo insisten en que la Constitución española impide la adquisición de la condición de personal fijo sin superar un proceso selectivo, en atención a los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Pese a ello, la resolución del TJUE deja claro que España deberá reforzar sus mecanismos legales para atajar y corregir el abuso de la contratación temporal en el sector público.
El TJUE se pronuncia este martes sobre el abuso de la temporalidad en el empleo público español
