Extremadura y otras ocho comunidades autónomas han enviado una carta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en la que expresan su rechazo a la postura del Gobierno central, que pretende asumir la recomendación de la Comisión Europea de restringir la caza de la codorniz común (coturnix coturnix) “sin un criterio científico claro”.
La misiva, impulsada por la Junta de Extremadura, la firman el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco Ramírez, y sus homólogos de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia.
Las comunidades firmantes solicitan al ministerio que reconsidere su posición, “eliminando o reconsiderando aquellas medidas que impliquen restricciones automáticas, homogéneas o desproporcionadas sobre el ejercicio de la caza y sobre la capacidad de gestión de las comunidades autónomas”.
También piden “que no se traslade… la existencia de un supuesto consenso autonómico que no concurre en los términos en que se ha venido expresando”.
Igualmente, los ocho consejeros plantean “que se refuerce un marco de trabajo verdaderamente cooperativo con las comunidades autónomas” y que la defensa de la posición española ante cualquier instancia incorporen “la realidad del medio rural, la importancia social, económica y territorial de la actividad cinegética y la necesidad de evitar cargas administrativas innecesarias”.
Los firmantes han considerado “improcedente” que se atribuya un respaldo general a propuestas que suponen un incremento de las restricciones sobre la actividad cinegética, una mayor carga burocrática y una posible alteración de las órdenes de veda y de los regímenes de aprovechamiento vigentes.
“Suscitan seria preocupación aquellas medidas orientadas a introducir mecanismos automáticos de restricción vinculados a variables climatológicas, la reducción adicional de jornadas hábiles, la imposición de nuevos cupos o limitaciones homogéneas para todo el territorio nacional”, subraya la carta. Asimismo, critican la implantación acelerada de “sistemas de control, reporte y seguimiento” sin la debida evaluación técnica y administrativa.
El texto consensuado añade que la gestión cinegética exige una “aproximación rigurosa, territorializada, proporcionada y respetuosa con el marco competencial vigente”. “No resulta admisible construir una respuesta uniforme sobre realidades ecológicas y socioeconómicas distintas”, señala.
Las comunidades reiteran su compromiso con una gestión “responsable, sostenible y basada en datos”, compatible con la conservación de la biodiversidad y con el mantenimiento de los usos tradicionales y del tejido social y económico del medio rural.
La Junta de Extremadura considera que la posición del MAPA es “profundamente lesiva” para el sector cinegético regional y para las economías rurales vinculadas a la media veda.
“La postura del ministerio tira por tierra años de lucha contra la despoblación… y abre la puerta a que la Unión Europea haga una interpretación errónea de la directiva de aves, obviando estudios científicos que avalan la caza sostenible de la codorniz”, ha asegurado la Junta.
La Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural confía en que el Estado no permita que, “una vez más, el exceso de protección medioambiental sin justificación técnica” suponga un freno al desarrollo económico de los pueblos extremeños.
