De izquierda a derecha: José Luis Iniesta, el presidente de CIEM, la Confederación Independiente de Empresarios y Autónomos de Badajoz; la secretaria general de UGT Extremadura, Patro Sánchez; y la secretaria general de CCOO, María Berrocal.
El acuerdo de gobierno alcanzado entre PP y VOX en Extremadura ha generado una inmediata reacción por parte de los agentes sociales, sindicales y colectivos sociales. Mientras la patronal valora positivamente la formación de un Ejecutivo que aporte estabilidad y permita activar la acción política y presupuestaria, los sindicatos y organizaciones sociales muestran una profunda preocupación por el impacto social, laboral y ambiental de las medidas pactadas.
UGT: "criminalización de las personas migrantes"
Desde UGT Extremadura, el sindicato ha advertido de los riesgos que el acuerdo supone para los derechos laborales, sociales y democráticos, al considerar que apuesta por la desregulación, el debilitamiento de los servicios públicos y el recorte de la participación social. En un comunicado emitido este 17 de abril, UGT señala especialmente su inquietud por el enfoque en materia de inmigración, que, a su juicio, puede derivar en la criminalización de las personas migrantes y en la generación de tensiones sociales en una comunidad que debería basarse en la convivencia, la inclusión y la cohesión.
El sindicato alerta además de que propuestas como la priorización en el acceso a recursos públicos, la revisión de políticas sociales o el cuestionamiento de la Agenda 2030, junto a la reducción de la cooperación internacional y determinadas medidas fiscales, pueden incrementar la desigualdad y la exclusión social, alejándose de un modelo sustentado en derechos y en la igualdad de trato.
UGT también denuncia que, bajo el discurso de la eficiencia y la optimización del gasto, se esconden recortes encubiertos y posibles procesos de privatización, especialmente en ámbitos sensibles como la sanidad y los servicios sociales. Aunque el acuerdo contempla un incremento presupuestario en sanidad, el sindicato advierte del riesgo de avanzar hacia modelos de colaboración público-privada que deterioren la calidad asistencial y el acceso en condiciones de igualdad.
CCOO: "el pacto busca debilitar los servicios públicos"
En una línea similar se ha manifestado CCOO de Extremadura, que considera que el pacto de gobierno busca debilitar los servicios públicos, reducir la protección social y degradar el modelo de convivencia. El sindicato sostiene que el acuerdo limita recursos en sectores clave como la sanidad, la educación y la atención a la Dependencia, y abre la puerta a una mayor desigualdad al fomentar la colaboración público-privada, un modelo que, según recuerda, solo beneficia a quienes cuentan con mayores rentas.
CCOO expresa también su preocupación por el impacto del acuerdo sobre la negociación colectiva y los derechos laborales, y defiende el papel del diálogo social y la participación de los agentes sociales como pilares del sistema democrático. Asimismo, rechaza lo que califica como la asunción de discursos de odio y discriminación en materias como migración, igualdad, cooperación internacional, medioambiente o protección de las personas más vulnerables, alertando del grave retroceso que supone el rechazo a la Agenda 2030 y a las políticas climáticas.
CIEM: "es momento de generar confianza"
Frente a estas críticas, la Confederación Independiente de Empresarios y Autónomos (CIEM) ha valorado el acuerdo de gobierno como un paso necesario para dotar de estabilidad institucional a Extremadura. La patronal subraya la importancia de contar con un gobierno en funcionamiento y con presupuestos aprobados para ofrecer certezas al tejido productivo en un contexto económico marcado por la incertidumbre.
"El futuro gobierno tiene por delante decisiones clave para generar confianza, impulsar la actividad empresarial y ofrecer certidumbre a las empresas y a las personas autónomas", ha señalado el presidente de CIEM, José Luis Iniesta, quien ha tendido la mano al nuevo Ejecutivo para trabajar desde el diálogo y la colaboración institucional en medidas que favorezcan la inversión, la competitividad y la creación de empleo.
Ecologistas en Acción
Por su parte, Ecologistas en Acción de Extremadura considera el acuerdo entre PP y VOX "muy dañino" para la región. La organización denuncia una desregulación ambiental que favorece modelos energéticos y productivos insostenibles y alerta del impulso a políticas que perpetúan problemas estructurales como la despoblación y la falta de oportunidades.
El colectivo critica especialmente la apuesta por mantener la central nuclear de Almaraz, la eliminación progresiva de la ecotasa y la flexibilización de los controles ambientales, medidas que, a su juicio, facilitan la implantación de proyectos de alto impacto sin garantías suficientes. También advierte del riesgo de debilitar la protección de espacios naturales como la Red Natura 2000 y de consolidar proyectos urbanísticos cuestionados judicialmente, como Marina Isla de Valdecañas.
