Los más de 1,8 millones de estudiantes universitarios de España, incluidos los más de 20.000 que cursan sus estudios en la Universidad de Extremadura (UEx), cuentan desde este viernes con un nuevo marco de derechos. El nuevo Estatuto del Estudiante Universitario actualiza la normativa vigente desde hace 16 años e incorpora medidas relacionadas con el acceso a la vivienda, la salud mental, la conciliación entre estudios y trabajo o la atención a la diversidad.

Una de las principales novedades aborda el problema del alojamiento universitario. El texto prevé que las becas y ayudas tengan en cuenta el coste que supone estudiar fuera del lugar de residencia habitual, valorando además las diferencias en el coste de vida entre provincias. También establece que las universidades promuevan acuerdos y convenios para facilitar alojamientos asequibles al alumnado.

La norma llega en un contexto marcado por las dificultades de acceso a la vivienda que afectan especialmente a los jóvenes. Por ello, muchos estudiantes valoran positivamente que el nuevo estatuto incorpore medidas para aliviar uno de los principales gastos asociados a la etapa universitaria.

Conciliar estudios y empleo

Otro de los aspectos destacados es la mejora de la conciliación entre estudios y empleo. Cada vez son más los denominados "sisis", jóvenes que estudian y trabajan al mismo tiempo. Es el caso de Manuel Fernando González, estudiante de Biología en la UEx, que compagina sus estudios con un empleo. El nuevo estatuto contempla la posibilidad de cursar estudios a tiempo parcial o incluso suspender temporalmente la formación para facilitar esa compatibilidad. "Es una gran mejora de cara a la conciliación. Estudiar no es barato y todo lo que sea ayudar siempre es beneficioso", señala.

La salud mental es otro de los ámbitos reforzados por la nueva regulación. El texto reconoce el derecho del estudiantado a recibir atención y apoyo psicológico, una medida que los universitarios consideran especialmente necesaria. Daniel Fernández, estudiante del Máster de Formación del Profesorado, destaca que se trata de un recurso "muy necesario" y recuerda que no todos los jóvenes pueden asumir el coste de una atención psicológica privada.

Además, el estatuto presta una especial atención a la neurodiversidad. Entre otras cuestiones, obliga a adaptar los sistemas de evaluación a estudiantes con necesidades específicas como dislexia o trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito académico.

La nueva normativa también amplía el reconocimiento del derecho al paro académico y actualiza las garantías de participación del estudiantado en la vida universitaria.

El texto cuenta con el respaldo del Consejo de Universidades, aunque desde este órgano se insiste en la necesidad de dotar a las instituciones académicas de recursos suficientes para que los nuevos derechos reconocidos sobre el papel puedan convertirse en una realidad efectiva en los campus.