SALARIOS

Revertir la subida del SMI es legalmente posible, pero sería un hecho inédito desde 1963

Expertos en Derecho Constitucional aclaran que el futuro Ejecutivo podría anular el alza mediante un nuevo real decreto sin efectos retroactivos, mientras la medida divide a los empresarios extremeños

Nacional

Canal Extremadura Varios fajos de billetes en una imagen de archivo

18 Noviembre 2026, 13:29 | Actualizado 18 Noviembre 2026, 14:40

Las declaraciones del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, instando al próximo Gobierno a dar marcha atrás en la última subida del Salario Mínimo Interprofesional, prevista para entrar en vigor el 1 de enero, han abierto el debate sobre su viabilidad legal y económica. Aunque jurídicamente es posible revertir la medida, los expertos advierten de que supondría un paso sin precedentes en la historia laboral española.

Según explica Marcos Criado, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura, el nuevo Ejecutivo podría anular el incremento aprobando otro real decreto, aunque ve muy difícil que los plazos permitan hacerlo antes de que la subida comience a aplicarse. "Sería la primera vez que se produce en España desde que se creó el SMI en 1963. Nunca se ha bajado, se ha congelado", subraya el experto, quien recuerda además que el Gobierno entrante tendría que realizar primero una consulta a los agentes sociales y que, en ningún caso, la derogación podría aplicarse con carácter retroactivo.

División de opiniones entre el empresariado extremeño

En Extremadura, el impacto del nuevo SMI genera posturas enfrentadas dentro del tejido productivo, según la estructura y el tamaño de cada negocio. La Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX) considera que el incremento salarial "perjudica enormemente" a las pequeñas y medianas empresas con trabajadores a su cargo. Desde el Círculo Empresarial Moralo (CIEM) asumen la subida, pero reprochan al Gobierno que no se haya aprobado de forma consensuada con la patronal.

Otros empresarios autónomos y comerciantes de la región defienden la medida al considerar que dotar de mayor poder adquisitivo a los ciudadanos repercute positivamente en la facturación de sus propios negocios.