SALARIOS

Garamendi tilda de "planteamiento de campaña electoral" la subida del SMI

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales confía en que las decisiones aprobadas en estas dos semanas "sean dadas de baja" tras las elecciones, gobierne quien gobierne

Nacional
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en una imagen de archivo

A. Pérez Meca / Europa Press El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en una imagen de archivo

18 Noviembre 2026, 10:02 | Actualizado 18 Noviembre 2026, 10:13

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Antonio Garamendi, ha acusado al Gobierno de utilizar el Consejo de Ministros con fines electoralistas tras aprobar este martes la subida del Salario Mínimo Interprofesional para 2027. El líder de la patronal ha denunciado que el Ejecutivo esté celebrando "dos consejos de ministros a la semana para hacer campaña electoral" de cara a los comicios del próximo 29 de noviembre.

Garamendi ha calificado de "curioso" que el alza del SMI, fijada en un 5,3 %, hasta los 1.286 euros mensuales en 14 pagas, se haya aprobado en noviembre, coincidiendo con el arranque de la campaña, cuando la de este año se tramitó en febrero. Además, ha afeado al Ejecutivo que haya tomado la decisión sin escuchar a sus propios asesores, sin consultar a los empresarios y habiéndoles «informado de mala manera».

Reproches por el sueldo de los funcionarios, el IRPF y los contratos públicos

El presidente de la CEOE ha extendido su malestar a otras medidas económicas y laborales recientes, cuestionando la legitimidad del Gobierno para aprobarlas con las Cortes disueltas. Garamendi ha asegurado que el incremento salarial del 4,5 % pactado con los sindicatos para los funcionarios está "fuera de plazo y fuera de todo". Ha reprochado al Ejecutivo que siga sin aplicar la indexación de los costes en la contratación pública para compensar el encarecimiento que sufren las empresas, así como la negativa a deflactar las tarifas del IRPF, una medida con la que, según sus cálculos, el Estado «se ha quedado» con más de 17.000 millones de euros.

Tras cuestionar el papel de la Diputación Permanente, ha defendido que el Gobierno debe limitar su actividad en periodo electoral y ha confiado en que las decisiones aprobadas en estas dos semanas "sean dadas de baja" tras las elecciones, gobierne quien gobierne.