24 Febrero 2022, 16:21
Actualizado 24 Febrero 2022, 16:21

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha comparecido ante el Pleno de la Asamblea de Extremadura, a petición conjunta de Ciudadanos y Unidas por Extremadura, para abordar la situación del contrato del servicio sanitario de transporte terrestre.

El Consejero ha señalado que en los nuevos pliegos del concurso se introducen las alegaciones formuladas por el Consejo Consultivo relativas a varias aspectos de la adjudicación del servicio, al estimar parcialmente algunos de los ocho recursos presentados.

Contrato de 154 millones 

En este sentido, ha subrayado que la Comisión Jurídica no ha desestimado, por ejemplo, el montante económico del contrato, 154 millones de euros, que se ha incrementado de forma sustancial.

Además, ha dicho que hay que tener en cuenta que la adjudicataria del nuevo concurso convocado no tendrá que hacerse cargo de la central de llamadas, que supone alrededor de dos millones, y que correrá a cargo de la Junta de Extremadura.

Vergeles, ha señalado, que tiene "la expectativas de que se presenten ofertas, y lo adjudiquemos, pero hasta entonces, esto era un servicio esencial que tenemos que garantizar y lo hemos hecho por una forma contractual que es perfectamente legal, el contrato de emergencia". 

Además el consejero de Sanidad, ha anunciado "una batería de medidas para adelgazar el transporte programado, que no es sanitario", ha precisado, aunque no ha adelantado ninguna en concreto.

Descontento de la oposición

Ante esta explicación por parte del consejero, el diputado de Ciudadanos José María Casares ha asegurado que nadie está contento con los pliegos, aunque la oferta económica haya mejorado de forma importante, y ha dicho que hay interés por el contrato, pero no es atrayente, o porque no deja margen de beneficio o porque las condiciones son difíciles de cumplir. "Algo pasa".

Ha recordado que los dos sindicatos mayoritarios, CSIF y USO, piden que el contrato se suba a 180 y 208 millones, respectivamente.

A su juicio es una "gran incógnita" cómo se va a hacer la internalización del centro de llamadas, lo que afecta a 50 trabajadores, y ha rechazado que la totalidad del servicio vuelva a manos públicas, como ha defendido el diputado de Unidas por Extremadura Francisco Macías, que ha pedido al consejero "un poco más de nervio socialdemócrata" en este sentido.

Macías ha considerado que los nuevos pliegos son básicamente los mismos con algunos retoques y ha criticado que una empresa vaya a gestionar el servicios dos años, debido a la prórroga del contrato de emergencias, “sin pasar por ningún proceso de licitación”.

Al igual que Casares, ha criticado que los nuevos pliegos mantengan la eliminación de algunas ambulancias de soporte vital básico en zonas rurales.

Macías ha denunciado el exceso de horas extras que hacen los trabajadores y ha vaticinado que esto seguirá siendo así porque en la nueva licitación del concurso mantiene la misma dotación económica a pesar de que saben que se está negociando un nuevo convenio colectivo.

La diputada popular Elena Nevado ha considerado que la gestión del servicio de transporte sanitario terrestre "sigue siendo la historia de un fracaso", por lo que ha invitado al consejero a "coger la casilla de salida".

Nevado ha subrayado que son cinco años de dudas y conflictos con este contrato, con tres concesionarias distintas, y ha coincidido con Casares en que tiene en contra a empresas, trabajadores y sindicatos.

La diputada ha preguntado si el nuevo concurso va a provocar nuevos despidos, ya que al eliminar ambulancias de soporte vital básico y al asumir el centro de llamadas, sobran trabajadores.

 

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