El Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz ha dictado auto de apertura de juicio oral contra David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, y Miguel Ángel Gallardo Miranda, presidente de la Diputación de Badajoz, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

La resolución, fechada el 22 de mayo, se enmarca en un procedimiento en el que también están implicadas otras nueve personas. La acusación ha sido formulada por la Acusación Popular Unificada, representada por el sindicato Manos Limpias, y recoge una batería de presuntas irregularidades en contrataciones y nombramientos dentro de la Diputación pacense.

Penas solicitadas

Según el escrito de acusación, para Miguel Ángel Gallardo se solicitan:

• 15 años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación en concurso con nombramiento ilegal.

• Un año y seis meses de prisión, multa del doble del beneficio obtenido y seis años de inhabilitación por tráfico de influencias en concurso con prevaricación y nombramiento ilegal.

Para David Sánchez, que fue nombrado jefe de la Oficina de Artes Escénicas, la acusación pide:

• Una multa de seis meses por aceptación de nombramiento ilegal.

• Un año y seis meses de prisión, una multa del doble del beneficio obtenido y seis años de inhabilitación por delitos continuados de tráfico de influencias, en concurso con prevaricación y nombramiento ilegal.

Además, Manos Limpias solicita que se declare la nulidad de las convocatorias de empleo relacionadas con los nombramientos investigados, así como la devolución de los salarios percibidos por David Sánchez y otro de los acusados, Luis María Carrero, más los intereses legales.

En el caso de Miguel Ángel Gallardo las miradas se centran en su aforamiento como diputado de la Asamblea de Extremadura. Según el art. 15.2 del reglamento de la Asamblea los derechos y prerrogativas serán efectivos desde el momento mismo en que el diputado sea proclamado electo, por lo que condición de aforamiento es efectiva desde el momento en que recoge el acta.

Los alumnos extremeños pueden presumir de tener el mayor porcentaje de sobresalientes en las pruebas de acceso a la universidad. Según la estadística del Ministerio, el 15 por ciento de nuestros estudiantes alcanzan las más altas calificaciones.

Extremadura obtiene además la segunda mayor nota media en la selectividad: 7,35. Nos situamos 3 décimas por encima de la media nacional y sólo nos supera Cantabria.

Pero más allá de percepciones, lo que está claro es que para sacar un sobresaliente es necesario ir bien preparado. Lo hemos comprobado en una clase de repaso de Filosofía, con sus profesores y alumnos.

Mejor o peor preparados, los nervios les acompañarán a todos. Este año además con un plus de incertidumbre, porque cambia el modelo de la selectividad.

La titular del Juzgado de Instrucción de Badajoz, Beatriz Biedma, ha desestimado los recursos presentados por David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y Miguel Ángel Gallardo contra sus respectivos procesamientos. La jueza confirma así la continuidad de ambos como investigados en la causa abierta. Desestima los argumentos de la defensa y mantiene la imputación por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias

En el caso de David Sánchez, la defensa había solicitado la revocación de su imputación alegando falta de indicios suficientes. No obstante, la magistrada ha ratificado su auto anterior, en el que considera que existen elementos que justifican que siga encausado. Misma decisión sobre el recurso interpuesto por Gallardo. La jueza también ve indicios suficientes para que continúe como investigado, rechazando los argumentos de su defensa.

El Gobierno anuncia un Real Decreto para garantizar una alimentación saludable en hospitales y residencias de mayores. Los estudios revelan que el 25% de los hospitalizados están desnutridos o en riesgo de llegar a estarlo, y casi el 30% de los usuarios de residencias.

"Y esto siendo optimistas, porque se cree que hay un infradiagnóstico de esta situación"

Se trata de una cuestión de salud pero también de sostenibilidad económica, porque alarga las estancias hospitalarias y encarece su coste.

El Gobierno quiere acabar con esto y garantizar que la comida de estos centros sea saludable. Y para  ello, anuncia un Real Decreto.

"Proteger y reforzar el derecho a una alimentación saludable y nutritiva, es un derecho social"

Este Real Decreto, que se mira en el que ya se aprobó para los comedores escolares, echa a andar este jueves con la consulta pública para que sociedad y expertos hagan aportaciones.  

Los siete acusados de robar más de 50.000 euros en combustible de una gasolinera situada en la carretera de Sevilla, en Badajoz, han alcanzado este jueves un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, lo que les permitirá evitar el ingreso en prisión.

Inicialmente, el Ministerio Público solicitaba para cada uno de ellos seis años de cárcel y el pago conjunto de una indemnización de 51.000 euros. Sin embargo, tras el pacto alcanzado esta mañana en la Audiencia Provincial de Badajoz, la condena se ha reducido notablemente: cada uno deberá abonar 4.600 euros, lo que suma un total de 32.500 euros, y las penas de prisión han sido rebajadas a 21 meses, sin ingreso efectivo al no contar los acusados con antecedentes penales.

Un sistema de estafa nocturna

Según el relato de la acusación, los implicados, cinco de ellos miembros de una misma familia, acudían de forma alterna por las noches a una gasolinera con sistema de autoservicio, aprovechando que no había personal en las instalaciones. Detectaron un fallo en el surtidor que les permitía obtener combustible por un coste mínimo y comenzaron a llenar los depósitos de varios vehículos, así como numerosos bidones que transportaban.

El fraude fue descubierto por los propietarios al cuadrar las cuentas del mes y detectar un importante desfase. A partir de ahí se inició una investigación policial que concluyó con la detención de los siete implicados. Inicialmente se les acusaba de un delito continuado de estafa y pertenencia a grupo criminal. Sin embargo, este último cargo fue finalmente retirado por la Fiscalía, lo que facilitó el acuerdo entre las partes.

Una salida pactada

Los abogados de las defensas, María Teresa Cabezas de Herrera y Carlos Franco, han valorado positivamente el acuerdo alcanzado, que evita penas de cárcel y reduce considerablemente la responsabilidad económica de sus representados. También se ha tenido en cuenta la voluntad de los acusados de reparar el daño causado, con el compromiso de abonar la indemnización acordada a los propietarios de la gasolinera.

El abogado de la acusación, Eduardo Gil, ha confirmado que los responsables del establecimiento consideran satisfactorio el resultado del proceso, al garantizarse al menos parte del resarcimiento económico por los perjuicios sufridos.

Extremadura contará con 121,2 millones de euros en 2025 para el desarrollo de políticas activas de empleo, según lo acordado en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales celebrada este miércoles entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y las comunidades autónomas.En total, se distribuirán 2.571,9 millones de euros entre todas las regiones para financiar programas de empleo y formación gestionados por el Servicio Público de Empleo Estatal. 

Además de la dotación económica para el próximo ejercicio, el acuerdo incorpora un marco de financiación plurianual hasta 2029, con el objetivo de dar continuidad y estabilidad a estas políticas dentro del Sistema Nacional de Empleo.

Formación y nuevas prioridades

Una de las novedades destacadas es la priorización de contenidos vinculados al uso de algoritmos y sistemas de inteligencia artificial. Asimismo, se fomentará la formación en la negociación de protocolos frente a catástrofes y fenómenos meteorológicos extremos.

Del total de fondos, 1.424 millones de euros se destinarán a servicios y programas de empleo y formación; 440,5 millones a iniciativas de formación profesional para ocupados y desempleados fuera del sistema de certificados profesionales; 633,6 millones a programas de formación en alternancia; y 73,5 millones a la modernización de los servicios públicos de empleo.