Los sanitarios extremeños se preparan para un posible repunte de casos de gripe en las próximas semanas. El último informe centinela del SES, con datos del 10 al 16 de noviembre, sitúa la incidencia en 73 casos por cada 100.000 habitantes. También aumentan las atenciones por infecciones respiratorias, mientras que el VRS, el virus que provoca bronquiolitis en bebés, no registra positivos en este periodo. Desde el inicio de la temporada, los menores de un año son el grupo con mayor incidencia en este sistema de vigilancia. La campaña de vacunación sigue abierta.

Protocolo de actuación

En este contexto, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha instado a las comunidades autónomas a aprobar antes del 1 de diciembre un protocolo común frente a los virus respiratorios. Un documento que incluiría la vuelta a las mascarillas en espacios cerrados cuando sea necesario.

Mónica García ha recordado que el año pasado este plan no salió adelante “por la negativa del Partido Popular”, y ha enviado recientemente una carta a las consejerías para cerrar este marco común. Según esa carta, el protocolo permitiría “respuestas coordinadas y reproducibles en todo el territorio, reforzar la confianza ciudadana y reducir riesgos, ingresos hospitalarios y mortalidad”.

La ministra ha señalado que Aragón ya ha decidido implantar el uso obligatorio de mascarillas en centros sociosanitarios y espacios cerrados, y ha pedido al resto de comunidades del PP que respondan esta semana para intentar cerrar un acuerdo.

El colectivo de enfermería del SEPAD se ha concentrado este miércoles a las puertas del organismo para denunciar su situación laboral y reclamar mejoras urgentes. Piden la equiparación salarial con los profesionales del SES, la unificación de las bolsas de trabajo y el aumento de plantilla ante la falta de personal en los centros. Actualmente, 230 enfermeros y enfermeras trabajan en los 25 centros del SEPAD, donde atienden a unos 4.000 usuarios.

Desde UGT, su responsable del sector autonómico, Erica Gutiérrez, lamenta que el SEPAD “sigue comprometiéndose a cosas que no hace” y que apenas se ha reunido una vez con los sindicatos. “Es un colectivo discriminado desde hace mucho tiempo y muy mermado. Pedimos que se cubran todos los puestos, ampliar la plantilla con ratios reales y, sobre todo, la equiparación salarial con el SES. Las diferencias retributivas van de 100 a 300 euros”, denuncia.

La representante del sindicato USO, Marisa González, considera “imprescindible revisar ya las condiciones laborales”. Recuerda que “hoy en día somos los que menos cobramos de todas las administraciones públicas”, por lo que urge a abrir una mesa de negociación.

Desde CSIF, Juanjo Samino reclama agilizar las listas de espera, reforzar las plantillas “muy disminuidas” y equiparar el salario al del SES, porque “la situación es pésima”.

Por su parte, Isabel Pintado, secretaria provincial de SATSE en Cáceres, insiste en la necesidad de integrar a los enfermeros y fisioterapeutas del SEPAD en el Servicio Extremeño de Salud, para que puedan acceder a las bolsas de empleo y a los procesos selectivos “en las mismas condiciones” que el resto de profesionales.

Respuesta de la Junta

Desde la Consejería de Salud y Servicios Sociales han asegurado que las enfermeras del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia han cobrado las horas extra "por primera vez" y que asimismo se han duplicado los meses de contratos de refuerzo. Explican que se esta forma se cumplen unas reivindicaciones pendientes desde el año 2008, y recuerdan que en la reunión que mantuvieron en noviembre con el colectivo, trataron temas como asegurar las horas extraordinarias durante todo el año, establecer una bolsa abierta y permanente que asegure cobertura del personal, favorecer la conciliación de los trabajadores, y equiparar los salarios con el del resto de enfermeros de la sanidad pública, donde el propio colectivo "mostró su conformidad".

La candidata a la Presidencia de la Junta por Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha anunciado este miércoles su compromiso de garantizar una financiación suficiente y estable para los municipios de la región. Durante una visita a Alburquerque, la líder de la confluencia ha denunciado el incumplimiento de la Ley de Garantía Municipal por parte del actual Gobierno autonómico.

De Miguel ha explicado que la normativa establece un Fondo Mínimo de 76 millones de euros para financiar servicios públicos esenciales como la ayuda a domicilio o la gestión de residencias de mayores. Sin embargo, ha asegurado que el Ejecutivo del PP “solo ha destinado 45 millones”, lo que supone una infrafinanciación de programas fundamentales.

“Nosotras nos comprometemos a destinar 100 millones de euros para que los servicios públicos lleguen a toda la ciudadanía, independientemente de donde viva, ya sea en Alburquerque, Caminomorisco o Plasencia”, ha afirmado la candidata.

De Miguel ha insistido en que esta medida es clave para garantizar la calidad y continuidad de los servicios municipales: “Solo así podremos asegurar que los programas y servicios fundamentales tengan la dotación económica suficiente para desarrollarse con garantías”.

El portavoz del Partido Popular de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha afirmado que “las políticas del Gobierno de María Guardiola están poniendo alfombra roja para que los inversores vean nuestra región como un lugar donde invertir, un lugar de oportunidades y un lugar que les está ofreciendo todo lo que necesitan”. Según ha explicado, esta estrategia se apoya en la creación de un ecosistema favorable a la inversión, con medidas que impulsan la competitividad y el crecimiento.

Sánchez Juliá ha subrayado que las tres bajadas de impuestos aprobadas por el Ejecutivo autonómico han permitido avanzar en competitividad fiscal, complementadas con una estrategia de atracción de inversiones basada en innovación, crecimiento sostenible y competitividad.

Estas declaraciones se han producido tras el Foro “Palanca de Crecimiento” celebrado en Cáceres, donde el portavoz popular ha insistido en la importancia de garantizar la continuidad de la central nuclear de Almaraz y en que el Gobierno de España incluya en su planificación energética la subestación eléctrica para el Expacio Navalmoral, imprescindible para que los proyectos industriales puedan asentarse en la región. “Si no se soluciona este problema, se estarían poniendo palos en las ruedas al desarrollo de Extremadura”, ha advertido.

El dirigente popular ha puesto en valor la apuesta del Ejecutivo regional por una Extremadura industrializada, con grandes proyectos que ya están generando empleo y atrayendo fondos de inversión. Entre ellos, ha destacado la inversión de más de 33 millones de euros en cinco polígonos industriales y tres parques empresariales, así como iniciativas que podrían crear más de 5.000 puestos de trabajo y movilizar más de 23.000 millones de euros, especialmente en el sector de los centros de datos.