La Junta de Extremadura presentó este pasado jueves al Ministerio un informe del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales, en el que advierte sobre las graves consecuencias del cierre programado de la Central Nuclear de Almaraz, cuya Unidad I finalizará sus operaciones en 2027 y la Unidad II en 2028. También les entregó un manifiesto firmado por el Comité de Empresa de Almaraz y un manifiesto de la Asociación de Ingenieros de Andalucía.
"No hay argumentos técnicos ni de seguridad"
El informe resalta que la energía nuclear juega un papel fundamental en el mix energético español, representando en 2023 el 20,3% de la electricidad generada con solo el 5,6% de la capacidad instalada. En el caso de Almaraz, su producción, aseguran, equivale al 7% de la demanda nacional, suficiente para abastecer a cuatro millones de hogares. La eliminación de esta fuente estable de energía aumentaría, explican, la dependencia del gas natural y las importaciones energéticas, generando volatilidad en los precios y una mayor vulnerabilidad ante picos de demanda.
En el aspecto ambiental, el Colegio de Ingenieros alerta de que el cierre de Almaraz provocaría un aumento significativo de las emisiones de CO₂, ya que la alternativa viable sería la generación con gas natural en centrales de ciclo combinado. Se estima que esto podría generar hasta 20 millones de toneladas adicionales de CO₂ al año, un 8,7% del total nacional, comprometiendo los objetivos de descarbonización de España y de la Unión Europea.
Desde el punto de vista económico, el informe advierte sobre un encarecimiento de la electricidad para los consumidores y la industria, ya que la generación con gas natural es más costosa debido a los precios del combustible y los derechos de emisión de CO₂. Además, el cierre de Almaraz supondría un elevado coste de desmantelamiento y la pérdida de miles de empleos cualificados en la región.
Hasta los 60 años
El Colegio de Ingenieros concluye que el cierre de la central no responde a razones técnicas ni de seguridad, y recomienda reevaluar la decisión con un enfoque técnico y económico. Según el informe, la vida útil de Almaraz podría extenderse hasta los 60 años, como ha ocurrido en otros países, sin comprometer la seguridad. En este sentido, instan a las autoridades a reconsiderar el cierre y priorizar una planificación energética que garantice un suministro estable, sostenible y competitivo.
La consejera de Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura, Mercedes Morán, ha valorado la visita de María Guardiola al Ministerio: "La presidenta le trasladó la necesidad de mantener la vida útil de la central, lo que significa no solo para Extremadura y las familias que viven de ella, sino la importancia que tiene para la soberanía energética de nuestra región y de toda España".
