Almaraz mira ya al Consejo de Seguridad Nuclear para su prórroga. Este órgano tiene hasta agosto de 2027 para emitir su informe, pero las eléctricas confían en que esté listo antes de marzo de 2026 (fecha en la que se recarga por última vez la unidad 1) para asegurar suministros y personal. La petición de prórroga formal se hizo oficial este pasado jueves, pero hasta entonces, propietarias, Gobierno y Junta han mantenido un largo pulso.
Almaraz inicia su actividad con su primera unidad en 1981. Dos años después, lo hace su unidad 2. Desde entonces, la central extremeña ha obtenido cuatro prórrogas a lo largo de su vida. En 1993, en 2003, en 2013 y, la última, en agosto de 2020. Esta última prórroga ya establecía, tras acordarlo previamente las tres propietarias, que el cierre se produciría en 2027 y 2028.
El debate sobre su continuidad o cierre siempre ha estado presente en el escenario público con múltiples plataformas tanto a favor de prolongar su vida útil, como en contra. Un debate que aumentó especialmente tras el apagón del pasado 28 de abril.
El pulso de peso se ha llevado a cabo en el panorama político. Las eléctricas siempre se han posicionado públicamente a favor de alargar la vida de Almaraz, al menos hasta 2030. El Gobierno por su parte, se ha mantenido en su posición de cumplir con el calendario de cierre previsto del parque nuclear español (2027-2035). Eso sí, nunca se ha negado a estudiar prórroga "siempre que las empresas lo acuerden de forma unánime", apuntaba Pedro Sánchez, durante una sesión en el Senado. En la región, la Junta, ha defendido que Almaraz debía continuar funcionando.
Los impuestos que pagan estas empresas han sido el principal escollo en las negociaciones. Las propietarias abogaban por una rebaja fiscal, pero para el Gobierno esta era una de sus tres líneas rojas (junto con la seguridad en el suministro y la seguridad nuclear). Una rebaja que sí propuso la Junta de Extremadura, a partir de 2027, siempre y cuando la prórroga fuera una realidad.
Finalmente, las empresas han decidido pedir la prórroga hasta 2030 sin exigencias fiscales hacia el Gobierno. No traspasan así una de las líneas rojas. Ahora, el Consejo de Seguridad Nuclear va a estudiar tanto la petición de prórroga como la documentación del plan de cierre. Un informe que remitirá al Gobierno y sobre el que se basará para tomar la decisión definitiva.
