Malpartida de Cáceres ha aprobado la solicitud al Gobierno de España de la declaración del municipio como "zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil", también conocida como "zona catastrófica", por los daños producidos por la borrasca Kristin que azotó la semana pasada la región.

Esta declaración, en caso de aceptarse, permitirá a la localidad acceder a fondos para reparar las numerosas infraestructuras afectadas por el temporal, tanto municipales como en viviendas particulares.

En concreto, se produjeron daños en instalaciones del Multiusos Toni Pedrera, la Ciudad Deportiva Emiliano Pedrazo, el Parque Municipal Tierno Galván, la Piscina Municipal, la nave municipal de la Plaza de Aizenay, el antiguo Colegio Los Arcos, la Casa Municipal de Cultura y en el cementerio.

A todo ello hay que sumar la caída de puntos de información, señalética, contenedores, farolas, mobiliario urbano, atracciones infantiles, daños en carreteras y caminos municipales, y otras incidencias como la caída de más de 40 árboles o la caída de nidos de cigüeña en la Iglesia Parroquial.

En caso de aprobarse la declaración por parte del Gobierno de España, las ayudas también permitirán asumir los daños en viviendas de particulares sin cobertura de seguro, para lo que se ha abierto un plazo desde este martes 3 de febrero hasta el 10 de febrero para presentar solicitudes.

Aquellos vecinos que hayan sufrido desperfectos deberán acudir al Ayuntamiento para obtener toda la información necesaria y rellenar una declaración responsable, así como aportar presupuestos, fotografías y todo aquel material que contribuya a la valoración de los daños.

El sindicato UGT Extremadura ha reclamado que exista un "gobierno estable y presupuestos" en la región que permitan "cambiar el modelo productivo para frenar la precariedad", después de que Extremadura haya comenzado 2026 con una "destrucción de empleo sin precedentes en los últimos 15 años".

De esta forma se ha pronunciado el secretario de Política Institucional y Empleo de UGT Extremadura, Francisco Morcillo, en rueda de prensa este martes en Mérida para valorar los datos del paro de enero, que según ha dicho, dejan "una caída histórica" de la afiliación a la Seguridad Social, con 8.636 cotizantes menos (-2,06%), que es "la mayor registrada en un mes de enero en los últimos quince años".

Con este desplome, "Extremadura encadena cuatro meses consecutivos de pérdida de afiliación y ha destruido 11.600 empleos desde el mes de octubre", una evolución que Morcillo ha calificado de "muy negativa y preocupante".

A este "varapalo en la afiliación" se suma la subida del paro registrado, que aumenta en 1.940 personas (+3,01%) con respecto a diciembre, por encima del incremento nacional (+1,26%).

“Precarización del mercado laboral”

Con estos datos, el número total de desempleados se sitúa en 66.310, si bien en términos interanuales hay 6.591 parados menos que hace un año (-9,04%), lo que "no oculta las debilidades estructurales del mercado laboral extremeño", tras lo que Morcillo ha realizado una valoración "negativa porque la precarización del mercado laboral se ve muy claramente en el mes de enero".

En este sentido, ha subrayado que "8.636 afiliados menos significan destrucción de empleo", y lo más grave es que en los últimos cuatro meses Extremadura ha perdido 11.600 empleos, mientras el paro vuelve a concentrarse en los sectores más precarios.

UGT Extremadura destaca que el 85% del aumento del paro se concentra en el sector servicios, caracterizado por la temporalidad y la estacionalidad. Dentro de este sector sobresale el incremento del desempleo en el comercio minorista (+382 personas, +8,24%) y en bares y restaurantes (+275, +5,19%), a lo que se suma el aumento en la administración pública (+265) y los servicios sociales (+189).

Por sectores, el paro sube además en agricultura (+192) y entre las personas sin empleo anterior (+163), mientras desciende ligeramente en industria (-42) y construcción (-26), lo que refleja un comportamiento desigual del desempleo.

Según los datos aportados por Morcillo, la brecha de género vuelve a ser uno de los elementos más preocupantes del mercado laboral extremeño, ya que en enero el paro femenino aumenta en 1.515 mujeres (+3,70%), triplicando el incremento registrado entre los hombres (+425, +1,82%).

Aunque en términos interanuales el desempleo baja tanto para hombres como para mujeres, UGT subraya que ellas representan el 64% del total de desempleados, confirmando la “feminización estructural del paro”.

Asimismo, las personas mayores de 50 años concentran el 47,26% del desempleo, con 31.340 parados, mientras que el 44% del total corresponde a parados de larga duración, lo que evidencia la necesidad de políticas activas de empleo focalizadas en estos colectivos.

UGT alerta del “desplome de la afiliación” en enero, que afecta especialmente al comercio (-6.602 afiliados), la administración pública (-1.380), la hostelería (-941) y la construcción (-993).

En la comparativa interanual, Extremadura apenas suma 3.357 afiliados más, alcanzando un total de 410.618 cotizantes, con un crecimiento del 0,82%, muy inferior al 2,26% nacional, lo que “consolida a la región como la comunidad autónoma donde menos crece el empleo”.

UGT Extremadura alerta también del “empeoramiento de la calidad del empleo”, ya que de los 26.656 contratos celebrados en enero, solo 7.125 fueron indefinidos, un 26,73%, tres puntos menos que hace un año.

Además, casi el 47% de los contratos no alcanza el mes de duración y uno de cada cinco no llega a la semana, lo que evidencia que la temporalidad y la precariedad siguen dominando el mercado laboral extremeño.

Por todo ello, UGT advierte de que este deterioro “se produce en un contexto de gobierno en funciones, presupuestos prorrogados y parálisis institucional”, lo que está frenando la puesta en marcha de políticas para revertir la situación.

"Es imprescindible que haya un gobierno lo antes posible, con capacidad para aprobar presupuestos y relanzar el diálogo social", ha subrayado Morcillo, quien insiste en reforzar las políticas activas de empleo, mejorar la orientación y la formación personalizada, apostar por la industria y avanzar hacia un cambio real del modelo productivo.

El sindicato añade que la mejora del empleo debe ir acompañada de una mejora de los salarios y de una revisión de la regulación del despido, que actualmente “no es disuasoria ni ofrece protección suficiente frente al despido injusto”.

Prolongar la vida útil de la Central Nuclear de Almaraz hasta 2030 sumaría un sobrecoste acumulado de 3.831 millones de euros a la factura eléctrica, según el estudio "Cierre nuclear y transición energética: El caso de Almaraz. Análisis de impactos económicos y ambientales", encargado por Greenpeace a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

El análisis, presentado este martes y llevado a cabo por el director de la Cátedra de Transición Energética de la URJC, Eloy Sanz, y el investigador de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), Víctor García Carrasco, pone de manifiesto que el cierre programado de Almaraz es “técnicamente viable, ambientalmente favorable y económicamente más eficiente que su prórroga”.

Para llegar a esta conclusión, los expertos se han basado en simulaciones horarias detalladas del periodo 2026-2033, que integran la evolución prevista de la demanda, el despliegue de energías renovables, el almacenamiento energético, el calendario de cierre nuclear y la formación de precios del mercado eléctrico.

Con todo ello, han señalado que en lo que respecta a los efectos económicos, prorrogar Almaraz generaría un alivio “transitorio” tanto en el precio medio de la electricidad como en la factura eléctrica entre 2028 y 2030. Sin embargo, a partir de 2031 provocaría un incremento sostenido de ambas métricas. Para 2033, el mercado mayorista alcanzaría 63,5 euros/MWh, un 9,5% más que los 58 euros/MWh del escenario de cierre programado.

“En términos de factura para los consumidores finales, esta diferencia se materializa en un sobrecoste acumulado de hasta 3.831 millones de euros”, ha explicado.

La central de Almaraz abrió entre 1983 y 1984. Según el calendario actual de cierre, terminaría su operación entre 2027 y 2028. El año pasado, las empresas titulares pidieron oficialmente una prórroga hasta 2030. Actualmente, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) está estudiando su viabilidad y prevé publicar su informe en verano.

Aun así, la última decisión correspondería al Gobierno, que ha fijado tres líneas rojas: seguridad radiológica, garantía del suministro eléctrico y ningún coste adicional para la ciudadanía. En este marco, los investigadores sostienen que la prórroga “no cumple el criterio de viabilidad económica al generar mayores costes, frenar la transición energética y aumentar las emisiones”.

“El mantenimiento del calendario de cierre acordado es la opción más coherente con los objetivos de descarbonización, la estabilidad del sistema eléctrico y la competitividad económica del país”, han señalado.

Según las simulaciones, la energía aportada por Almaraz puede ser reemplazada casi por completo por energías renovables. La generación renovable adicional cubriría el 96,4% de la energía que dejaría de producirse, junto con el aumento de demanda en 2028 y 2029. “No se observa una dependencia estructural del gas asociada al cierre”, explican.

En cambio, la prórroga retrasaría “de forma significativa” la entrada de nueva capacidad renovable y de almacenamiento. La cobertura renovable del sistema en 2030 pasaría del 65,8% al 59,3%. Además, este escenario reduciría la señal de inversión y provocaría una pérdida acumulada de hasta 26.130 millones de euros entre 2026 y 2033.

Si se cierra la central según lo previsto, podría reducirse el vertido de renovables e integrarse más de 3,8 TWh anuales de energía limpia previamente desaprovechada, aproximadamente la mitad de lo que genera un reactor nuclear en España.

En cuanto a las emisiones, Sanz y García Carrasco explican que la prórroga genera una reducción temporal de uso de gas entre 2028 y 2030, pero provoca un sistema menos renovable a partir de 2030, lo que deriva en mayores emisiones a medio plazo.

Entre 2026 y 2033, los escenarios de prórroga acumulan entre 5,8 y 12,3 millones de toneladas métricas de CO₂ adicionales respecto al cierre programado. “Esto equivale a las emisiones de todos los hogares de Extremadura durante seis años o a las de un vehículo de gasolina dando más de un millón de vueltas a la Tierra”.

Estas emisiones extra implicarían un coste de hasta 984 millones de euros en derechos de emisión, repercutido directamente en el precio de la electricidad.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha recomendado a Extremadura que el Plan Económico Financiero (PEF) incluya actuaciones adicionales que puedan activarse en caso de que las medidas previstas resulten insuficientes para garantizar el cumplimiento de la regla de gasto en todo el periodo.

Cabe señalar que Extremadura tenía la obligación de presentar un PEF por el incumplimiento de la regla de gasto en 2024 que se constató en noviembre, y la AIReF, en aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, tiene la obligación de informar sobre el mismo antes de que se aprueben en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

En su informe, el organismo ha analizado si las previsiones y medidas incluidas en el Plan Económico Financiero de Extremadura permiten corregir las desviaciones detectadas y cumplir las reglas fiscales vigentes en el periodo de referencia.

El análisis se realiza a partir de la información remitida por la comunidad, los últimos datos de ejecución presupuestaria disponibles y las previsiones macroeconómicas y fiscales elaboradas por la AIReF.

Asimismo, la AIReF valora la suficiencia, concreción y calendarización de las medidas previstas en los planes, así como su coherencia con el marco fiscal nacional y europeo.

Riesgos detectados por la AIReF

En este contexto, ha reiterado la importancia de que los Planes Económicos Financieros se integren en una planificación presupuestaria “creíble y a medio plazo”, que permita asegurar el cumplimiento sostenido de las reglas fiscales y reforzar la sostenibilidad de las finanzas públicas autonómicas.

De este modo, en el caso de Extremadura, la AIReF constata que el PEF incorpora medidas de ahorro que reducen parcialmente el riesgo de desviación en 2026, como recomendó la institución en su último informe, pero advierte que el riesgo no desaparece completamente.

En concreto, la AIReF explica que las medidas disminuyen el riesgo, pero el crecimiento de los empleos esperado al cierre de 2025, superior al previsto en noviembre, “anula en gran parte ese efecto”.

Advertencia sobre desviaciones futuras

Además, el organismo constata que pueden producirse desviaciones a medio plazo y un crecimiento del gasto primario neto de medidas de ingresos por encima del comprometido en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo (PFEMP).

En este contexto, recomienda que el PEF de Extremadura incluya actuaciones adicionales que puedan activarse en caso de que las medidas previstas resulten insuficientes, detallando sus elementos, efectos y calendario, con el fin de garantizar el cumplimiento de la regla de gasto en todo el periodo.

La carretera CC‑350, que conecta Ibahernando con la N‑5A, ha sido cerrada al tráfico debido a un hundimiento registrado en la vía, según ha informado en redes sociales el 112 Extremadura.

El corte afecta al tramo comprendido entre los puntos kilométricos 10,150 y 17,180, por lo que se recomienda a los conductores que circulen por la zona que utilicen rutas alternativas hasta nuevo aviso. 

La localidad cacereña de Garrovillas de Alconétar se prepara para vivir este fin de semana la fiesta en honor de San Blas, con cientos de mujeres ataviadas con trajes serranos, mantones de Manila, y la degustación de perrunillas y cagajones, un dulce típico del municipio.

Se trata de una cita llena de tradición, color y sabor en la que se implica todo el pueblo con la procesión del santo, y el festival de folclore a cargo del grupo local Escaramujo, que ha puesto en marcha una escuela de folclore para niños y niñas, con 32 alumnos, para garantizar la continuidad de las tradiciones.

La diputada provincial María Toscano ha acompañado a la alcaldesa de Garrovillas de Alconétar, Elisabeth Martín Declara, en la presentación de la programación de San Blas, que ha calificado como "un gran legado que nos dejaron nuestros antepasados", ya que el registro de la Cofradía de San Blas data de 1592.

"Una cofradía que se ha mantenido en el tiempo y que por supuesto todos los garrovillanos y garrovillanas hemos sabido pasar de generación a generación", ha dicho la alcaldesa, que ha recordado que el viernes, 6 de febrero, comienza la fiesta con un paseo desde la plaza de Colón hasta la entrada principal del pueblo, "en la que toda la avenida se viste de un color espectacular con los mantones bordados".

El día grande de San Blas

El sábado, 7 de febrero, es el día grande, que comienza con la diana floreada, en la que los cofrades van por las casas despertando a todos. A partir de las 12:00 se celebra la misa en la que la mayordoma saliente pasa el bastón a la entrante.

Después tiene lugar la procesión, lo más vistoso de esta fiesta, porque participan todas las mujeres del pueblo vestidas con el traje típico de Garrovillas, que es el traje de serrana y serrano, y que puede congregar a más de 1.000 personas vestidas con este traje tradicional. Por la tarde continúa el paseo con la degustación de dulces y una paella popular.

Folclore para mantener viva la tradición

El broche final lo pone el grupo local Escaramujo, fundado hace 41 años, que interpretará los bailes típicos para que sean traspasados de generación en generación.

Con todos estos ingredientes, San Blas se convierte en una fiesta tradicional y muy querida por todos los garrovillanos y por quienes visitan el municipio. "Invitamos a todas las personas a que se den un paseo, que van a ser bien recibidos y van a pasar una tarde o una mañana muy agradable", ha concluido la alcaldesa.