El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, y el secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, así como los otros 9 procesados en el caso, irán a juicio por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.
La Audiencia Provincial de Badajoz ha desestimado todos los recursos presentados por los procesados y la Fiscalía. Unos recursos que ya fueron presentados ante la jueza que instruye el caso, Beatriz Biedma, que ya los rechazó.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz considera que existen indicios suficientes para continuar el procedimiento penal y se dirima en la fase de juicio oral la responsabilidad de los procesados por presuntas irregularidades en la creación y adjudicación de un puesto de alta dirección en la Diputación pacense.
La plaza fue creada "a medida"
En cuanto al delito de prevaricación, el tribunal señala la "falta de una explicación mínimamente verosímil" por parte de los investigados sobre la forma en que el hermano de Sánchez conoció la publicación de las bases del puesto o el concepto de Oficina de Artes Escénicas. La resolución judicial destaca que la plaza fue creada con “premura” y sin que constara una propuesta previa de los responsables. Además, se detectaron irregularidades en el proceso de selección, como la ausencia de entrevistas reales a algunos candidatos o la modificación posterior del puesto para adaptarlo a las preferencias del adjudicatario, incluyendo la eliminación de la incompatibilidad legal.
Los magistrados subrayan que el procedimiento administrativo seguido por la Diputación pudo haber sido utilizado como una “mera apariencia de legalidad” para encubrir una finalidad ilícita: beneficiar a personas concretas mediante la creación de puestos ad hoc.
También se analiza el nombramiento de una segunda persona, Luis Carrero, el ex asesor de Moncloa, en un nuevo puesto creado mediante comisión de servicios, con indicios de trato de favor y relaciones personales previas con el primer beneficiario, es decir, con el hermano del presidente. Según el auto, David Sánchez tenía el poder de adaptar el puesto a sus preferencias y de "conseguir que Carrero formara parte del propio organigrama de la Diputación".
La Audiencia recuerda que en esta fase procesal no se exige prueba plena, sino la existencia de indicios racionales de criminalidad que justifiquen la apertura del juicio oral. “No se trata de una sentencia, sino de una decisión provisional que permite a las acusaciones formular sus escritos y continuar el proceso”, señala el tribunal.
Con esta decisión, el caso continuará su curso hacia la fase intermedia, en la que las partes deberán presentar sus escritos de acusación o defensa. La Audiencia no entra aún a valorar la culpabilidad de los investigados, pero sí considera que los hechos descritos en los autos son lo suficientemente graves como para ser enjuiciados.
