El Fiscal Superior de Justicia de Extremadura, Francisco Javier Montero Juanes, ha presentado la Memoria de la Fiscalía correspondiente al año 2024, en la que se constata un repunte generalizado de la actividad delictiva en la región. En total, se abrieron 48.531 procedimientos penales, lo que supone un incremento del 4,03% respecto al año anterior.
Destaca especialmente el aumento de más del 20% en los Procedimientos Abreviados, lo que refleja una mayor intensidad en la tramitación judicial. Uno de los datos más preocupantes es el aumento de las lesiones dolosas, que el Fiscal ha vinculado a una creciente agresividad social. En 2024 se registraron 12.156 diligencias por este tipo de delitos, lo que representa un incremento del 10,14% respecto a 2024 y del 18% en comparación con 2023.
Aumento agresiones al personal sanitario
Especial atención merecen las agresiones al personal sanitario, cuya incidencia en Extremadura duplica la media nacional. La región presenta una ratio de 5,8 agresiones por cada 1.000 médicos, frente a la media estatal de 2,71. En total, se contabilizaron 38 agresiones a profesionales médicos, de las cuales el 80% se produjeron en atención primaria. Sin embargo, solo el 40% de estos casos fueron denunciados, lo que evidencia una preocupante infradenuncia.
Incremento delitos libertad sexual
También se ha detectado un fuerte incremento en los delitos contra la libertad sexual, con 530 procedimientos tramitados, lo que supone una subida del 30,22%. Las agresiones sexuales han experimentado un aumento del 58,47% respecto a 2023 y del 82,89% en comparación con 2024, lo que el Fiscal ha calificado como una “tendencia alarmante”.
En el ámbito de los menores de edad, el número total de casos se ha mantenido estable, con 62 procedimientos registrados. Sin embargo, se ha producido un aumento muy significativo en las agresiones sexuales a menores, que han pasado de 18 a 41 casos.
Este incremento está parcialmente condicionado por la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2022, que suprimió el delito de abuso sexual, lo que ha provocado que muchas conductas que antes se calificaban como abuso ahora se consideren agresión sexual, tanto en menores como en adultos.
Bajan los delitos contra el patrimonio
Por otro lado, los delitos contra el patrimonio han descendido un 9,05%, con 5.953 diligencias registradas. No obstante, las estafas tecnológicas se consolidan como el delito más común en esta categoría, representando más del 90% de las infracciones patrimoniales.
Finalmente, el informe revela una espiral delictiva preocupante en materia de seguridad vial, con 2.164 delitos cometidos en 2024, frente a los 1.499 del año anterior, lo que supone un incremento del 44,36%. El delito de conducción sin permiso ha crecido un 83,33%, y se ha detectado que el 60% de los fallecidos en siniestros de tráfico en los últimos dos años habían consumido alcohol o sustancias tóxicas, según los datos de las autopsias realizadas.
"No tenemos otra ideología que no sea la defensa del ordenamiento jurídico."
Por otra parte, el Fiscal Superior de Extremadura, Francisco Javier Montero Juanes, ha destacado el compromiso institucional en la lucha contra la violencia de género y la defensa de la independencia judicial, frente a las críticas destructivas y los juicios de valor dirigidos a jueces y fiscales. Ha asegurado que el Ministerio Fiscal garantiza una actuación objetiva e imparcial, "no tenemos otra ideología que no sea la defensa del ordenamiento jurídico."
Asimismo, Montero ha subrayado la voluntad de perseguir con rigor los incendios forestales, proponiendo además la apertura de un debate técnico-jurídico sobre la tipificación de estos delitos en el Código Penal, con el objetivo de ir más allá de la mera agravación de penas.
Reformar el Estatuto de Autonomía "aforamientos".
La memoria de la Fiscalía de Extremadura también incluye propuesta entre ellas, como vienen reiterando en los último tres año, la necesidad de reformar el Estatuto de Autonomía en lo relativo a los aforamientos. Actualmente, cualquier delito cometido por parlamentarios o miembros del Consejo de Gobierno es enjuiciado por tribunales superiores, sin importar si está vinculado a sus funciones, a diferencia de jueces y fiscales, cuyo aforamiento se limita a delitos cometidos en el ejercicio de su cargo.
El Fiscal Superior propone que el aforamiento se aplique únicamente a delitos relacionados con el desempeño del cargo, evitando así privilegios injustificados.
Además, advierte, Montero Juanes, que el aforamiento puede dificultar la investigación penal, al retrasar la instrucción y permitir al aforado una preparación más ventajosa de su defensa. Esta situación puede generar desigualdad procesal y afectar la eficacia de la justicia.
En definitiva, mantener el aforamiento en su forma actual puede derivar en instrucciones deficientes y en un privilegio difícil de justificar en una sociedad democrática basada en el principio de igualdad ante la ley.
