El juicio contra David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo ha comenzado este jueves en la Audiencia Provincial de Badajoz. El hermano del presidente llegaba por la puerta trasera del edificio y poco después llegaba el expresidente de la Diputación de Badajoz y exsecretario general del PSOE en Extremadura, que ha hecho su entrada por el mismo lugar. 

Medio centenar de medios de comunicación se han acreditado para seguir este proceso judicial, que se prevé extenso y podría prolongarse durante aproximadamente dos semanas. El juicio arranca con dos primeras sesiones centradas en las cuestiones previas. Las acusaciones populares han adelantado que no plantearán este tipo de cuestiones y que se opondrán a cualquier intento de suspensión del procedimiento por parte de las defensas.

Desde la acusación popular ejercida por Justitia Europa, el letrado Luis María Pardo ha enmarcado el inicio del juicio en un contexto que, según ha señalado, refleja “una corrupción moral que avanza en España dotando de apariencia de legalidad a contratos administrativos”. Pardo ha insistido en que el procedimiento analizará la creación de una plaza vinculada a la coordinación de los conservatorios de música de Badajoz, posteriormente transformada en una oficina de artes escénicas “de la que nadie sabe con exactitud dónde estaba ni su funcionamiento real”.

Según esta acusación, se solicitará la condena de David Sánchez y de todos los implicados en la creación de dicho puesto, incluidos otros nombres señalados durante la instrucción. Las penas solicitadas se mantienen conforme al escrito de acusación ya presentado, que contempla prisión, multas e inhabilitación.

Por su parte, José María Bueno, abogado de Manos Limpias, ha destacado la relevancia del juicio, subrayando que su actuación se guía por criterios jurídicos y no políticos. “Venimos a hacer derecho, no a hacer política”, ha señalado, añadiendo que su organización no dudará en retirar la acusación si así lo consideran oportuno conforme avance el proceso. Bueno ha calificado la instrucción del caso como “modélica”, poniendo en valor el trabajo de la jueza Beatriz Biedma, a la que ha situado como referente en el ámbito procesal. Asimismo, ha anticipado que impugnarán las cuestiones previas que pueda plantear la defensa y ha asegurado que el procedimiento cuenta con una base “muy sólida”.

Desde la Fundación Española de Abogados Cristianos, el letrado José María Fernández Abril ha incidido en la tesis de que el puesto fue creado “para dárselo a dedo” a David Sánchez y posteriormente adaptado a sus preferencias, incluyendo —según ha afirmado— la incorporación de personas de su entorno. En su opinión, los hechos podrían constituir delitos de prevaricación y tráfico de influencias, y ha mostrado su confianza en que el juicio permita esclarecerlos.

En la misma línea, el letrado de Hazte Oír, Javier María Pérez Roldán, han subrayado el papel de las acusaciones populares en la celebración del juicio, señalando que, a su juicio, el Ministerio Fiscal ha mantenido una postura favorable a los acusados. Han adelantado que no presentarán cuestiones previas y han expresado su convencimiento de que estas no prosperarían debido a la “rigurosidad” de la instrucción y la “alta calidad técnica” de las resoluciones judiciales ya emitidas en el caso.

El juicio también se produce en un contexto de polémica tras conocerse la apertura de diligencias en la Dirección General de la Guardia Civil relacionadas con el jefe de la UCO, un asunto al que algunas acusaciones han hecho referencia porque aseguran que está relacionado con el intento de Leire Díez de intervenir en la instrucción de este caso y de "perseguir" a la jueza.

A lo largo de las próximas sesiones, está prevista la comparecencia de testigos y peritos que deberán aportar su versión sobre los hechos investigados. Todas las partes coinciden en que será un juicio complejo y de larga duración, en el que se examinarán con detalle las decisiones administrativas adoptadas en la Diputación de Badajoz y su posible encaje en el ámbito penal.