El expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, investigado por prevaricación y tráfico de influencias, defiende su inocencia en el juicio por la creación de una plaza en la institución provincial.

El proceso judicial se centra en el nombramiento en 2017 de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, como coordinador de los Conservatorios, así como en su posterior designación en 2022 como jefe de la Oficina de Artes Escénicas, un caso que la acusación califica de “enchufismo”.

Alegato final y defensa de la inocencia

Durante su alegato final, Gallardo utiliza su turno de palabra para reiterar que ni él ni el resto de acusados han cometido irregularidad alguna. En este contexto, asegura que «la única culpabilidad que tienen es no tener las mismas ideas que la acusación popular».

Críticas a la acusación popular

El dirigente socialista sostiene que, a lo largo del proceso, se ha intentado «distorsionar» lo sucedido en el juicio y critica abiertamente la actuación de la acusación popular. En este sentido, señala que «ya ha perdido el interés de este juicio en esta sala», al tiempo que apunta que algunos letrados «ya se han ido, ya han hecho la labor que tenían».

Gallardo vincula esta actitud con el juicio paralelo mediático que, según denuncia, ha sufrido durante más de dos años. A su juicio, este clima ha condicionado la percepción pública del caso y ha provocado un daño personal y político difícil de revertir.

“Nos han condenado socialmente”

En la parte final de su intervención, el expresidente provincial lamenta las consecuencias de esa exposición pública y recalca que «nos han condenado socialmente». Pese a ello, concluye expresando su confianza en la justicia y defiende nuevamente su inocencia, convencido de que la resolución judicial aclarará los hechos y desmontará las acusaciones formuladas en su contra.