Los informes finales en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Badajoz contra David Sánchez y el entonces presidente de la Diputación pacense, Miguel Ángel Gallardo, han servido este lunes para que las partes concreten sus conclusiones y ratifiquen las penas solicitadas. Ambos están investigados por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

En el caso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la acusación sostiene que su acceso a la institución provincial se produjo a través de una cadena de decisiones irregulares, con posible influencia política o personal. Por su parte, Gallardo está acusado de haber creado y modificado un puesto con el objetivo de favorecer dicha contratación.

Negación de una investigación prospectiva

Durante su intervención, el sindicato Manos Limpias ha negado que se trate de una investigación prospectiva y ha defendido que, a lo largo de todas las fases de instrucción, se han ido razonando los hechos investigados y los indicios existentes.

El letrado de la acusación, José María Bueno, ha explicado que la causa se centra en la creación del puesto de coordinador de los conservatorios de Badajoz, una plaza que, según ha sostenido, “no fue solicitada por nadie” y resultaba “innecesaria”. En este sentido, ha subrayado que “no estamos hablando de un enchufe”, sino de que se creó “el puesto para él”, en alusión directa a David Sánchez.

Un proceso selectivo “patraña”

El abogado ha criticado duramente el proceso de selección, que ha calificado de “patraña”, al considerar que las entrevistas personales fueron un paripé. Ha señalado como llamativo que el propio David Sánchez no supiera explicar en qué consistió su entrevista.

Además, ha asegurado que el acta oficial del proceso se confeccionó posteriormente para “dar una imagen de legalidad”, ya que, según ha afirmado, existieron dos actas. Todo ello permitió, según la acusación, que Sánchez no acudiera regularmente a su puesto de trabajo, sin que existiera supervisión alguna sobre sus funciones, lo que le habría permitido actuar con total autonomía.

Prescripción y responsabilidad civil

En cuanto a la prescripción del nombramiento ilegal de David Sánchez, Manos Limpias considera que el delito ha prescrito, tal y como ya decidió el tribunal, aunque no descarta una posible responsabilidad civil.

No obstante, la acusación ha reiterado que sí se cometió un delito de prevaricación administrativa en la creación de la plaza y un delito de tráfico de influencias en el cambio de nomenclatura del puesto, que pasó de coordinador de actividades a jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

Durante su exposición, el letrado ha hecho referencia a correos electrónicos que, según ha manifestado, avalan los hechos imputados tanto a David Sánchez como a Miguel Ángel Gallardo, así como a otros cargos y exresponsables vinculados al área de Cultura y a la gestión administrativa del puesto investigado. La Oficina de Artes Escénicas, ha recalcado, fue un “traje a medida para Sánchez Castrejón”.

El fichaje de Luis Carrero y presentación de nueva querella

La acusación también se ha referido a la contratación de Luis Carrero, colaborador y amigo de David Sánchez, incorporado a la Diputación de Badajoz en julio de 2024 como responsable de la Sección de Coordinación y Programas de Actividades Fronterizas.

José María Bueno ha explicado que Carrero actuó durante años como “ayudante de David Sánchez”, colaborando entre 2020 y 2023 en la búsqueda de financiación para proyectos como Ópera Joven y en la gestión de su agenda, mientras era asesor en Moncloa. En este contexto, ha sostenido que Sánchez influyó directamente en su contratación.

Finalmente, Manos Limpias ha anunciado la presentación de una nueva querella contra Miguel Ángel Gallardo por este fichaje, un asunto que no se ha juzgado en este procedimiento debido a que el entonces presidente de la Diputación no declaró sobre estos hechos.