La Plaza de España de Badajoz ha vivido esta tarde una de las concentraciones más multitudinarias de la región en apoyo al pueblo de Ceuta, dentro de la convocatoria promovida por la Federación Española de Municipios y Provincias. Miles de personas se han reunido frente al ayuntamiento, entre ellas varios ceutíes residentes en la ciudad que han querido mostrar su respaldo a familiares y amigos que viven la situación en la ciudad autónoma.

Manifiesto por Ceuta: "Es y será España"

El alcalde de Badajoz y todo su equipo de gobierno han encabezado la concentración, a la que también han asistido representantes del resto de partidos de la corporación municipal, con la única excepción del PSOE. Junto a ellos han estado el vicepresidente de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, y el consejero de Agricultura, Juan José García, que han querido acompañar a los pacenses en esta muestra de solidaridad.

Durante el acto se ha leído el manifiesto nacional de apoyo a Ceuta, un texto que recuerda que los alcaldes y alcaldesas de España, bajo el impulso de la FEMP, expresan su respaldo “firme y sin fisuras” a la ciudad autónoma ante la gravísima situación vivida tras la entrada masiva e irregular de miles de personas los días 30 y 31 de julio. El manifiesto subraya que Ceuta afronta una presión extraordinaria que está poniendo a prueba sus recursos, sus servicios públicos y su capacidad para mantener la normalidad, y que esa presión afecta también a España en su conjunto, a su capacidad para proteger sus fronteras y defender la integridad territorial.

El texto insiste en que Ceuta no está sola, que “Ceuta es y será siempre España”, y que la soberanía española sobre la ciudad “no se cuestiona ni se negocia nunca”. Recalca que lo ocurrido no es un problema migratorio, sino un desafío que afecta a toda España y a la Unión Europea, recordando que la frontera ceutí es frontera exterior europea. Por ello, los ayuntamientos reclaman una respuesta de Estado, el refuerzo de los medios en Ceuta, el retorno efectivo de quienes entraron ilegalmente y una financiación extraordinaria que permita sostener los servicios públicos y apoyar a empresas y trabajadores.