TRIBUNALES
Ratificada la condena a un profesor de Zamora por abusos sexuales a una menor
SHOX ART de Pexels Martillo de juez
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado la condena a tres años de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Zamora a un profesor del Conservatorio de Música por un delito de abusos sexuales cometido sobre una alumna de diez años.
La resolución desestima íntegramente el recurso presentado por el condenado y ratifica la sentencia dictada por la Audiencia zamorana en julio de 2025. Cabe recordar que el docente fue detenido en junio de 2025 en Almendralejo (Badajoz), donde se encontraba impartiendo clases en su propio conservatorio.
Según recoge la sentencia, la Sala de lo Civil y Penal del alto tribunal considera probado que el profesor aprovechó su posición de autoridad para realizar diversos tocamientos de carácter sexual a la menor durante clases individuales y colectivas, en hechos ocurridos durante los cursos académicos 2008-2009 y 2009-2010.
Rechazados todos los argumentos de la defensa
La resolución, ya notificada a las partes, rechaza los argumentos expuestos por la defensa y concluye que no existe vulneración de derechos fundamentales ni error en la valoración de la prueba. Del mismo modo, descarta la existencia de una anomalía o alteración psíquica y la concurrencia de dilaciones indebidas. Los magistrados consideran que la declaración de la víctima constituye una prueba de cargo válida, persistente y verosímil. Asimismo, destacan que su relato se encuentra corroborado por otros elementos probatorios incorporados al procedimiento.
Entre esas pruebas figuran testimonios y actuaciones relacionadas con otros hechos de características similares por los que el docente también fue condenado.
Mantiene la prisión, la libertad vigilada y la inhabilitación
La sentencia mantiene, además de la pena de prisión, la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima durante el tiempo de la condena.
Asimismo, ratifica una medida de libertad vigilada durante cinco años tras el cumplimiento de la pena privativa de libertad, así como la inhabilitación para ejercer profesiones, oficios o actividades que impliquen contacto habitual con menores. El fallo también confirma la obligación de indemnizar a la víctima con 2.000 euros en concepto de responsabilidad civil.
Contra esta resolución cabe interponer recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.