Exterior de un piso turístico tras el anuncio del ministerio de Consumo de bloquear casi 66.000 anuncios ilegales.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto una sanción de 64.055.311 euros a la plataforma de alquiler turístico Airbnb por publicar anuncios de alojamientos sin licencia, entre otras infracciones. La resolución, que agota la vía administrativa tras el recurso de alzada, ha sido confirmada por el ministro Pablo Bustinduy. Es la segunda mayor multa impuesta por este departamento. La multa equivale a seis veces el beneficio ilícito que podría haber obtenido la plataforma.
La multa se considera grave y se calcula en función del beneficio ilícito obtenido por la empresa durante el tiempo en que los anuncios permanecieron activos. Además, incluye dos sanciones accesorias: la obligación de eliminar los contenidos ilegales y hacer pública la sanción.
Según el expediente, se han detectado 65.122 anuncios que incumplían la normativa de consumo, incurriendo en prácticas comerciales desleales, publicidad engañosa y omisión de información sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones. También se sanciona la obstrucción a la labor inspectora y el incumplimiento de órdenes provisionales dictadas por el Ministerio.
Bustinduy ha defendido la medida como parte de la estrategia para atajar la crisis de la vivienda en España, señalando que “ninguna empresa, por grande que sea, puede estar por encima de la ley”. El Ministerio mantiene abiertos otros expedientes contra agencias inmobiliarias por posibles abusos en la gestión del alquiler.
