Daniel Calderón tiene 38 años y trabaja en Plena Inclusión. Lleva incorporado al mercado laboral desde los 17 años y, según explica, su empleo ha sido clave para superar muchas de las barreras a las que se enfrentaba por tener una discapacidad.

En su testimonio, Daniel subraya la importancia de la independencia económica como elemento esencial para una vida autónoma. “Tener una vida realizada y dinero económico para poder tener un coche”, afirma, aludiendo al valor del trabajo no solo como fuente de ingresos, sino también como herramienta de integración social.

El derecho al empleo ha centrado buena parte de las reivindicaciones expuestas hoy durante el acto institucional del Día Nacional de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Desde las entidades representativas se ha insistido en la necesidad de mantener y reforzar las políticas de inclusión laboral.

En este contexto, el presidente del CERMI y de Plena Inclusión Extremadura, Pedro Calderón, ha destacado los resultados de los programas impulsados en colaboración con la administración autonómica. “Tenemos vigente un plan de empleo con la Consejería de Economía y Empleo de la junta de Extremadura que está dando muy buenos resultados y creemos que paralelamente a que el resto de la sociedad está mejorando su acceso a la empleabilidad, las personas con discapacidad también”, ha señalado.

Por su parte, la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha puesto en valor el compromiso del Ejecutivo regional con el colectivo. “Hemos aumentado las plazas en atención temprana, en habitación funcional, en todos los recursos que las personas con discapacidad en Extremadura necesitan y a día de hoy estamos plenamente implicados con ello”, ha asegurado.

Pese a los avances, las organizaciones advierten de que persisten retos pendientes. Pedro Calderón ha reclamado una mayor implicación institucional en la toma de decisiones y en el diseño de políticas públicas. “Que los poderes públicos nos den participación en la toma de decisiones, en el diseño de las políticas públicas para que respondan a las verdaderas necesidades de las personas con discapacidad y sus familias”, ha subrayado.