El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al Real Decreto que permite la regularización extraordinaria de personas migrantes en España. La norma mantiene los requisitos ya conocidos: acreditar al menos cinco meses de residencia continuada en el país antes del 31 de diciembre del pasado año y carecer de antecedentes penales. Las solicitudes podrán presentarse a partir del próximo jueves.
El Gobierno defiende que este decreto, el séptimo aprobado en la historia de España por esta vía, tiene como objetivo reconocer derechos a personas que ya viven y trabajan en el país y contribuir de forma positiva a la economía. Así lo ha señalado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una carta dirigida a la ciudadanía desde Pekín, donde se encuentra de viaje oficial. El jefe del Ejecutivo subraya que se trata de una demanda respaldada por la Iglesia, la patronal y los agentes sociales.
En ese mensaje, Sánchez ha apelado directamente al principal partido de la oposición:
"Le pido al PP que escuche a la patronal, a la iglesia y que sea coherente con su historia porque ellos también han regularizado migrantes".
Solicitudes telemáticas y presenciales
La regularización podrá solicitarse de forma telemática desde este mismo jueves y presencialmente a partir del próximo lunes. Para ello, se han habilitado distintos puntos de atención, entre ellos oficinas de Correos, extranjería y la Seguridad Social. El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 20 de junio.
Pese al respaldo del Ejecutivo y de sus socios parlamentarios, el decreto ha generado un fuerte rechazo en las filas del PP y Vox, que han anunciado su oposición frontal a la medida.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado duramente la iniciativa del Gobierno: "No es justa, no es humanitaria y no es segura... no hay control, ni condiciones ni exigencias suficientes".
En la misma línea, la portavoz de Vox, Pepa Millán, ha avanzado acciones legales contra el decreto: "Vamos a recurrirlo al Supremo... no vamos a permitir que se carguen los servicios públicos y que terminen con nuestra identidad".
Fuera los apátridas y autorización renovable
La regularización excluye a las personas apátridas, una de las principales críticas que se han planteado desde algunos sectores sociales. Entre los requisitos figuran, además del periodo mínimo de residencia, no contar con antecedentes penales, considerado la principal línea roja del decreto.
Desde el espacio parlamentario de Sumar, Verónica Barbero ha destacado el impacto humano de la medida: "Van a poder vivir sin miedo, sin miedo a una identificación o a ser expulsados por no tener papeles".
Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha calificado la regularización como "una medida de pura justicia social".
La autorización de residencia que se concederá tendrá una vigencia inicial de un año, aunque será renovable, según recoge el propio decreto aprobado por el Consejo de Ministros.
El Consejo de Ministros afronta hoy la regularización extraordinaria de medio millón de migrantes
