Extremadura dispondrá de 210 millones de euros en el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, aunque el reparto impone a la Junta de Extremadura la obligación de aportar el 40% de la financiación, es decir, 84 millones de euros, una cuantía que multiplica por siete la aportación exigida en el plan anterior.

Reparto aprobado pese al desacuerdo

Pese a las reticencias iniciales, el Gobierno central y las comunidades autónomas han dado este jueves el visto bueno al reparto de fondos del nuevo plan, dotado con 7.000 millones de euros hasta 2030, que se destinarán a la construcción de vivienda pública, la rehabilitación del parque existente y distintas líneas de ayudas, entre ellas al alquiler.

En este contexto, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha defendido el proceso de elaboración del plan y ha subrayado el trabajo previo realizado. “Han sido muchos meses de diálogo, de trabajo; quiero subrayarlo. Cuando una administración quiere alcanzar un acuerdo y la vivienda lo necesita, hay que trabajar mucho”.

Críticas de las comunidades del PP

Una valoración muy distinta es la que realizan las comunidades gobernadas por el PP, entre ellas Extremadura, que, aunque han respaldado formalmente el reparto, se muestran muy críticas con el contenido del plan y estudian recurrirlo judicialmente por considerar que invade competencias autonómicas.

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco Ramírez, ha expresado el rechazo del Ejecutivo regional tanto a las formas como al fondo del acuerdo. “No nos mostramos de acuerdo ni con las formas en las que se produce este plan, que no viene precedido de un consenso, ni tampoco con el fondo, porque impone cambios normativos y limita la autonomía financiera. Por tanto, desde Extremadura estudiamos recurrir este plan”.

Aportación autonómica obligatoria

Del total asignado a la comunidad, 210 millones de euros, el Gobierno central financiará el 60%, mientras que la Junta de Extremadura deberá asumir el 40% restante, lo que supone 84 millones de euros de fondos propios, una exigencia que el Ejecutivo autonómico considera desproporcionada y lesiva para sus competencias.