El Pleno de la Asamblea de Extremadura de este jueves ha arrancado con las preguntas al Gobierno regional, donde la diputada socialista Lara Garlito ha reprochado a la Junta su gestión educativa tras los últimos datos del informe PISA. Garlito ha recordado que Extremadura cae desde 2022 en todas las competencias: 17 puntos en matemáticas, 15 en comprensión lectora y 6 en ciencias, y que uno de cada tres jóvenes de 15 años no domina las competencias básicas.

La diputada ha acusado al Ejecutivo de culpar al Gobierno de España mientras, según ha dicho, las medidas de refuerzo anunciadas por la consejería “ni son nuevas ni son suyas”, sino programas financiados por el Ministerio con seis millones de euros. Ha lamentado que la Junta “no vea la educación como una fortaleza” y ha pedido abandonar “los mítines y los argumentos de Génova”.

La Junta culpa a la ley socialista

La consejera de Educación, Sandra Valencia, ha respondido con una defensa cerrada de la Junta y un ataque directo a la LOMLOE, a la que ha calificado de “ley sectaria” aprobada “de espaldas a los docentes”. Ha asegurado que permite promocionar en ESO “con todas las asignaturas suspensas” y que “acaba con la atención a la diversidad”.

La consejera ha afirmado que Extremadura “se contiene” gracias al trabajo de la Administración y, sobre todo, al esfuerzo de los docentes, y ha defendido los programas Educamates y Educalengua. Ha insistido en que “no necesita un informe PISA para saber qué reforzar” y ha reclamado un consenso para una nueva ley educativa.

En su intervención, ha señalado que las dos peores cifras del informe corresponden a Ceuta y Melilla, “las únicas ciudades autónomas sin competencias educativas transferidas y dependientes directamente del Gobierno de España”.

Transporte escolar

Garlito ha reprochado a la consejería un verano “de urgencia, tensión e incertidumbre”, recordando que el año pasado 7.000 alumnos se quedaron sin ruta y que este agosto hubo “errores técnicos”, retrasos en la licitación de 356 rutas, 25 rutas sin adjudicatario a 7 de septiembre y 265 cubiertas con contratos de emergencia. Ha acusado a la Junta de ocultar datos durante la negociación y ha preguntado por el coste real de la improvisación, reclamando garantías para las próximas semanas.

Valencia ha respondido atacando a la diputada socialista: “Qué pena escucharle. A ustedes les habría gustado venir aquí diciendo que dejábamos niños en las paradas”. Ha defendido que hubo transparencia, que informó “periódicamente” y que la oposición “no puede asustar a las familias”. Ha insistido en que el objetivo se cumplió: “El 10 de septiembre todos los alumnos estaban en sus centros educativos”.  

Y ha garantizado que seguirán trabajando “mañana, tarde y noche” para mantener la normalidad, con una mesa de trabajo el día 25.