La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha declarado su falta de competencia para conocer los hechos por los que estaba siendo investigado Miguel Ángel Gallardo, al haber adquirido este la condición de diputado autonómico. Así lo recoge un auto fechado el 30 de junio, que resuelve únicamente sobre la competencia objetiva y no sobre el fondo del asunto.
"Fraude de ley"
El tribunal considera que no se trata de un aforamiento sobrevenido por la celebración de elecciones, sino de una maniobra para eludir la competencia del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz y de la Audiencia Provincial. "En definitiva, en el mismo sentido que la instructora, entendemos que el aforamiento se ha realizado en fraude de ley", asegura el auto.
En su fundamentación, la Sala subraya que hubo “un modo apresurado de proceder” con la renuncia de cuatro candidatos del PSOE que antecedían a Gallardo en la lista, todos ellos el 19 de mayo, “casualmente por razones personales y profesionales”, y formalizadas ante notario en un mismo acto, aunque residieran en distintas localidades.
El auto indica que estas renuncias se comunicaron el mismo día a la Junta Electoral por el secretario regional de organización del PSOE, sin que conste documento de ratificación posterior ante la Mesa de la Asamblea.
En su argumentación, el tribunal recalca que el aforamiento “no comporta impunidad” y que sembrar dudas sobre la independencia judicial “constituye un ataque injusto” a los principios constitucionales. Esta resolución no es firme y cabe recurso de casación ante la Sala Penal del Tribunal Supremo.
Reacción del PSOE
Desde el partido socialista en la región han mostrado un "absoluto respeto" a la decisión, y no han querido hacer valoraciones. Consideran que, como ya han explicado en otras ocasiones, "es indiferente el juzgado que tenga que determinar sobre la acusa abierta".
El PSOE reitera que Miguel Ángel Gallardo entró en la Asamblea de Extremadura "para ser diputado y no para ser aforado".
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