El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cava celebra este 7 de mayo unas elecciones decisivas para el futuro del sector, en un contexto marcado por la caída del consumo, la inestabilidad del mercado y los cambios estructurales que atraviesa la denominación.

Desde 2023, la venta de botellas ha caído un 24,5%, mientras que la facturación de la DO se ha reducido cerca de un 7%, hasta situarse en torno a los 2.045 millones de euros. A esta coyuntura se suman cambios accionariales en grandes bodegas, decisiones estratégicas como la retirada de mercados internacionales y la salida de operadores hacia proyectos alternativos como Corpinnat, factores que elevan la trascendencia de estos comicios.

Un consejo en gran parte decidido

El proceso electoral llega, no obstante, con escaso margen de incertidumbre en buena parte del órgano. El 75% de las 12 sillas del consejo ya está decidido por candidaturas únicas o pactadas, especialmente en el bloque de elaboradores, donde solo concurre la lista de AECava. De este modo, la atención se centra en las tres sillas de viticultores independientes, las únicas que se dirimen en las urnas y que concentran el principal pulso político y territorial de estas elecciones.

Uno de los elementos más controvertidos del proceso ha sido la exclusión definitiva de la candidatura de Viticultores de Requena, impulsada por la principal organización de esta zona productora y que, según sus promotores, representaba a más del 70% de los viticultores del territorio. La junta electoral rechazó su inscripción por incumplimiento de los requisitos fiscales, una decisión que ha reabierto el debate sobre unas normas consideradas restrictivas, al reducir el pluralismo territorial dentro del consejo regulador.

Una pugna centrada en Cataluña

Sin Requena en la carrera, la disputa por las tres sillas de viticultores independientes se convierte en una “batalla catalana” entre dos candidaturas. Por un lado, la coalición de Unió de Pagesos y JARC, que integra al productor de Requena Fernando Medina (Dominio de la Vega), y, por otro, la Asociación de Viticultores del Penedès, que concurre por primera vez en solitario tras años de alianzas. Este escenario deja sin representación directa en el consejo a otras zonas productoras relevantes de la DO.

Una de ellas es Extremadura, y en particular Almendralejo, que, a partir de la constitución del nuevo Consejo Rector, prevista para el 11 de junio, no contará con ningún representante en el órgano de gobierno. Esta situación contrasta con lo ocurrido en las anteriores elecciones, cuando el sector extremeño sí logró presencia en el consejo al integrarse en la candidatura conjunta con Valencia, encabezada por Viticultores de Requena, una alianza que permitió entonces dar voz a los productores de Almendralejo dentro del órgano regulador.

Según explica Juan Antonio Álvarez, vocal de la Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo y exmiembro del consejo regulador, esta ausencia no tendrá un impacto directo sobre el sector extremeño. “Vamos a seguir perteneciendo a la DO y no va a haber ningún problema”, señala, aunque admite que la información llegará “de una manera un poquito menos directa”.

Álvarez pone además el foco en el exceso coyuntural de uva, tras un año de condiciones climáticas normalizadas, especialmente en Cataluña, lo que, a su juicio, dificultará la autorización de nuevas plantaciones hasta que se equilibre la producción con las necesidades reales de la denominación. Según recuerda, esta decisión corresponde en última instancia al Ministerio de Agricultura, aunque está condicionada por la opinión del Consejo Regulador. En este escenario, defiende que Extremadura aún tiene margen de crecimiento en valor, con una producción cercana a los siete millones de botellas, apostando por el embotellado y la calidad como vía de futuro.

Vigilancia y críticas desde el sector extremeño

Desde APAG Extremadura Asaja, su presidente, Juan Metidieri, advierte de que la organización se mantiene “vigilante” ante las decisiones que se adopten tras las elecciones y critica que algunas de las alianzas surgidas durante el proceso respondan más a intereses catalanes que extremeños.

En la misma línea, Luis Cortés, de La Unión, considera que, en este contexto, es preferible no contar con un candidato extremeño, a la vista de la experiencia anterior. Según afirma, el representante que hubo en el pasado “se puso de acuerdo con los intereses de los viticultores catalanes y en contra de los intereses de los agricultores extremeños”, una situación que, a su juicio, ha debilitado la defensa del sector regional dentro del consejo regulador.

Este escenario se produce además en paralelo al conflicto abierto por las nuevas plantaciones de viñedo para la DO Cava. La Junta de Extremadura anunció la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Ministerio de Agricultura que limita a 0,1 hectáreas por viticultor las nuevas plantaciones durante el periodo 2026-2028. El Ejecutivo extremeño considera que esta medida supone un “cerrojazo” que hipoteca el futuro de zonas como Almendralejo, y reclama que estas limitaciones se revisen año a año, y no de forma conjunta para tres ejercicios, con el objetivo de defender el potencial de crecimiento del sector del cava en Extremadura.