La declaración de nivel 3 por emergencia nacional ante una catástrofe natural es una situación inédita en el país, pero prevista en los protocolos. Los incendios se clasifican en cuatro niveles según el nivel de riesgo. La fase 3 se declara cuando ese riesgo es extremo, afecta a varias comunidades autónomas y es el Gobierno de España el que asume la dirección en la lucha contra el fuego. En Extremadura la oposición pidió su activación en el gran incendio de Jarilla del año pasado, pero la Junta siempre defendió la necesidad de seguir al mando del operativo.

Pero, más allá de quién tenga el mando, lo fundamental, ante cualquier incendio, es la dotación de medios y la colaboración entre administraciones. Para mejorarla, la Junta firmó el año pasado convenios bilaterales con Castilla-la Mancha y Castilla y León y firmará otro este verano con Andalucía. El objetivo, según explica el secretario general de Emergencias Fernando Manzano, es doble: "agilizar la burocracia para actuar primero y arreglar después los papeles, y mejorar la colaboración en la cesión de medios técnicos y humanos".

Una colaboración fundamental que también funciona con el Gobierno de España. En el nivel 1 es habitual la solicitud y la puesta a disposición de medios tan imprescindibles como las brigadas BRIF o la UME y en el nivel 2, además, sus representantes llegan a estar presentes participando en la toma de decisiones del CECOPI. "El año pasado, durante el mes de agosto, probamos esa colaboración en Extremadura, y quedó claro que está perfectamente engrasada", asegura Manzano. 

Entonces, Extremadura llegó a sumar 17 incendios relevantes de manera simultánea. Y también simultánea fue la ayuda llegada de medios de extinción desde Cataluña, Andalucía, Castilla y León, Murcia, Castilla-la Mancha, Madrid e incluso Eslovaquia y Alemania activando el Mecanismo Europeo de Protección Civil. La estampa que muestra la necesidad de colaborar contra el fuego y hacerlo sin fronteras.