Más de tres décadas después de su creación, el Comité Europeo de las Regiones sigue siendo la institución que garantiza que lo que se decide allí, en Bruselas, tenga un impacto real aquí, en pueblos y ciudades de toda Europa. Un órgano consultivo que nació para acercar la política europea a la vida cotidiana de los ciudadanos y que hoy mantiene intacta esa misión.

El profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Extremadura, Juan M. Rodríguez Barrigón, lo resume así: “Cuanto más próximo al ciudadano, el poder estará más pegado a la realidad”.

Escuchar a los territorios

El Comité está formado por 329 comisarios procedentes de los 27 Estados miembros, elegidos por un mandato de cinco años. España cuenta con 21 representantes, procedentes de las 17 comunidades autónomas y de cuatro entidades locales.

El órgano se articula en comisiones especializadas, una mesa con representación de todos los países y equipos técnicos que elaboran informes y dictámenes. Rodríguez Barrigón destaca el papel político de la Mesa, explicando que es la que reparte e impulsa los informes que se solicitan, y además, puede tomar iniciativas propias sobre áreas que preocupan a las regiones.

Dictámenes no vinculantes, pero con influencia

Aunque los dictámenes del Comité no tienen carácter vinculante, su importancia reside en su capacidad de influir en las instituciones decisoras: Comisión, Consejo y Parlamento. "Antes de que la decisión sea completada, el Comité se pronuncia. Puede impulsar posiciones diferentes y, a partir de ahí, entra en juego la dimensión política”, explica el profesor.

Ese margen de influencia permite que las regiones introduzcan matices, alerten de impactos territoriales o propongan alternativas antes de que una norma europea sea definitiva. Treinta años después, el Comité se ha consolidado como un espacio donde los territorios defienden sus intereses, alertan de desigualdades y reclaman políticas adaptadas a la realidad local.

Su existencia ha permitido que decisiones sobre cohesión, transición energética, agricultura o fondos europeos tengan en cuenta la diversidad territorial.