Dos días antes de la primera reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del Gobierno de Sánchez, Extremadura avisa: exigirá los 86 millones que el Estado le adeuda por la devolución del IVA de 2017. No descarta, incluso, acudir a los tribunales. Una medida que también han anunciado otros gobiernos autonómicos como los de Galicia o Catilla - La Mancha.