La Junta de Extremadura ha ampliado su catálogo de montes protectores con la incorporación de Coto Sierra, en los términos municipales de Talaveruela de la Vera y Valverde de la Vera, que obtuvo la declaración el mes pasado.
Con esta incorporación, la comunidad autónoma pasa a tener cinco montes protectores, una figura que permite a los propietarios privados acordar con la Administración regional una gestión conjunta de los recursos forestales.
Los otros cuatro están en Descargamaría, Hoyos, Santibáñez el Alto, y Garlitos y Risco, según ha recordado la Junta de Extremadura en nota de prensa este sábado.
Coto Sierra tiene 556 hectáreas, pertenece a la Comunidad de Bienes Coto Sierra Valverde y Talaveruela de la Vera y ya está inscrito en el Registro de montes protectores de Extremadura. Parte del espacio se encuentra, además, incluido en la Red Natura 2000 y alberga hábitats de interés prioritario.
En estos momentos, la Consejería tiene firmados contratos de gestión con dos de estos montes protectores. En concreto, con el del Valle del Árrago en Descargamaría y con el de Sierra de los Ángeles-La Debra en Santibáñez el Alto. A ellos ha destinado 1.145.000 euros en aprovechamientos, que han permitido tratar casi 115.000 estéreos de madera.
El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural en funciones, Francisco Ramírez, ha valorado la incorporación de Coto Sierra como "un nuevo paso adelante en la política de compatibilizar la protección del paisaje con el desarrollo económico de los pueblos".
"Cada declaración de monte protector tiene un doble beneficio. Por un lado, ese espacio ve reforzada su protección forestal y ambiental, y por otro, se allana el camino para que la Junta de Extremadura haga en él los trabajos de prevención de incendios forestales, que son tan importantes", ha señalado Ramírez.
La declaración de Coto Sierra responde a la importancia ambiental del área, que desempeña un papel relevante en la protección del suelo frente a la erosión, la regulación del régimen hidrológico al situarse en cabecera de cuenca y la conservación de la diversidad biológica.
La gestión del monte protector seguirá correspondiendo a la entidad propietaria, que deberá desarrollarla mediante instrumentos de gestión forestal, como proyectos de ordenación o planes de ordenación y aprovechamiento, con el objetivo de garantizar la estabilidad de la masa forestal y la conservación de sus valores ecológicos.
Entre los efectos de esta declaración figura la clasificación de los terrenos como suelo rústico protegido, así como la prioridad para acceder a incentivos públicos destinados a la gestión forestal sostenible. Además, cualquier planeamiento urbanístico que afecte a estos terrenos requerirá el informe preceptivo de la administración forestal autonómica.
