Extremadura podría ahorrarse alrededor de 5,5 millones de euros anuales con la reforma del copago farmacéutico aprobada por el Consejo de Ministros, según estimaciones del sector sanitario. La medida, impulsada por el Ministerio de Sanidad, introduce un modelo más progresivo de aportación basado en la renta y establece nuevos topes mensuales con el objetivo de reducir el gasto de los pacientes.

La comunidad autónoma aparece como una de las más beneficiadas por el cambio, debido al envejecimiento de su población y al elevado número de pacientes polimedicados. Esta realidad hace que cualquier modificación en el sistema de copago tenga un impacto especialmente significativo en la economía de los hogares extremeños.

El presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia de Badajoz, Cecilio Venegas, ha cifrado ese ahorro anual en unos 5,5 millones de euros y ha valorado positivamente la reforma, siempre que garantice la equidad en el acceso a los medicamentos. En este sentido, ha subrayado la importancia de reforzar la adherencia terapéutica, especialmente entre personas mayores y pacientes con enfermedades crónicas o múltiples patologías.

Niveles de renta y topes mensuales

La reforma introduce nuevos tramos de aportación en función de la renta, pasando de tres a seis niveles para la población activa, y establece límites máximos mensuales para quienes tienen ingresos inferiores a 35.000 euros anuales. Hasta ahora, estos colectivos no contaban con topes específicos, lo que en algunos casos derivaba en una elevada carga económica ante tratamientos prolongados.

Para los pensionistas, el nuevo modelo también revisa los tramos y límites de pago. Se incorpora un tramo intermedio para rentas entre 18.000 y 60.000 euros y se ajustan los topes mensuales con criterios de progresividad. Además, se introduce la exención automática para quienes perciben complementos a mínimos, evitando que pierdan este derecho por la revalorización de sus pensiones.

Evitar el abandono de los tratamientos

El Gobierno defiende que la reforma busca evitar abandonos de medicación por motivos económicos, una situación que diversos informes técnicos han vinculado a niveles elevados de copago. Según el Ejecutivo, mejorar el acceso a los tratamientos contribuirá también a prevenir complicaciones de salud y a reducir la presión asistencial en el sistema sanitario.

Desde el sector farmacéutico, no obstante, se advierte de la necesidad de acompañar esta reforma de seguridad jurídica y financiación suficiente. Venegas ha señalado que las oficinas de farmacia no deben asumir una mayor carga administrativa sin los recursos adecuados para gestionar el nuevo modelo.

El real decreto-ley mantiene las exenciones ya existentes para colectivos vulnerables, como beneficiarios del ingreso mínimo vital, personas con pensiones no contributivas o desempleados sin prestación, e incorpora nuevas protecciones para rentas bajas y medias. En conjunto, la medida tendrá un impacto presupuestario estimado de más de 265 millones de euros a nivel nacional.