27 Junio 2022, 12:58
Actualizado 27 Junio 2022, 13:49

Hoy entran en vigor las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno para compensar los efectos económicos de la guerra de Ucrania. Con un coste de 9 mil millones pretenden rebajar el precio de la energía y ampliar las ayudas a los colectivos más vulnerables.

El Real Decreto aprobado el pasado sábado extiende la vigencia de algunas medidas que ya estaban en vigor, como el descuento de 20 céntimos en el litro de combustible, y, entre las novedades, contempla una rebaja en los abonos de transporte público, un 50 por ciento los estatales y un 30 por ciento los autonómicos y municipales, una subida del 15 por ciento en las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital, y un cheque de 200 euros para las familias con ingresos anuales inferiores a los 14 mil euros.

Sin embargo, el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, asegura que "las medidas son insuficientes y tendrán poco impacto en las familias". Esta asociación de consumidores considera que los requisitos para acceder a las ayudas directas son tan exigentes que "beneficiarán a pocas personas" y al resto de propuestas las califica de meros "parches". Por ello, pide más ambición al Ejecutivo y exige la intervención tanto del mercado de las gasolinas como del eléctrico.

Limitar el precio del combustible y reformar el mercado eléctrico

En el caso de los combustibles propone establecer un precio máximo en lugar de continuar con la rebaja de los 20 céntimos por litro ya que, tal y como ha revelado un informe de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, desde que entró en vigor esta medida, el pasado mes de abril, el margen de las petroleras se ha incrementado, de media, un 23,7 por ciento. 

Respecto al mercado eléctrico, solicita un cambio en el modelo de fijación de precio en el mercado mayorista, el portavoz de Facua considera que "no tiene sentido que sigamos pagando la energía más barata al precio de la más cara", y lamenta que sea una cuestión que ni siquiera se haya "planteado formalmente ante la Comisión Europea".  Además, critica que el impuesto sobre los beneficios extraordinarios de la eléctricas se vaya a posponer hasta 2023, "dejando atrás la posibilidad de aplicarlo sobre los ejercicios de 2021 y 2022".

 

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