La Asamblea de Extremadura ha convalidado el decreto-ley acordado por la Junta y Vox que modifica la ley de regulación del proceso de transición entre gobiernos, en un pleno marcado por las críticas y reproches del PSOE y Unidas por Extremadura, grupo este último que no ha participado en la votación y ha abandonado el hemiciclo antes de su inicio.
La convalidación del decreto-ley ha salido adelante con los votos a favor del PP y Vox y la abstención del Grupo Socialista, que había solicitado su tramitación como proyecto de ley, una petición que ha sido rechazada por la Cámara legislativa extremeña.
La defensa de la iniciativa ha correspondido al consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social en funciones, Abel Bautista, quien ha explicado que el decreto persigue dotar a la región de una norma ajustada a la necesidad del momento, ante una situación en la que el Gobierno regional lleva varios meses en funciones.
Bautista ha insistido en que la medida no responde a ninguna “estrategia política”, sino a una necesidad “urgente, real y muy clara” para garantizar el funcionamiento de la administración autonómica durante el periodo de transición entre gobiernos.
Por su parte, el presidente del Grupo Parlamentario Vox, Óscar Fernández, ha señalado que el decreto ley flexibiliza una norma que imponía restricciones y que impedía el normal funcionamiento de la administración, calificando la modificación como una “corrección justa y necesaria” de la ley inicial.
En este sentido, Fernández ha subrayado que la situación que se pretende resolver “no es fruto de la casualidad”, y ha señalado como responsables claros al expresidente José Antonio Monago, que aprobó la ley, y a María Guardiola, por haber convocado elecciones sin negociar con Vox. Ante esa “falta de previsión”, según ha indicado, su grupo ha actuado “con responsabilidad” y “sin pedir nada a cambio”.
Desde el Grupo Popular, el diputado Juan Luis Rodríguez Campos ha agradecido la tramitación del decreto ley, que a su juicio demuestra que el Gobierno de la Junta se pone “al servicio” de los extremeños. Además, ha mostrado sus dudas sobre si PSOE y Unidas por Extremadura se han leído y comprendido el texto, ofreciéndose a explicarles las razones y consecuencias de su convalidación.
Críticas del PSOE y Unidas por Extremadura
En el turno del PSOE, su presidente José María Vergeles ha considerado que el decreto ley no responde a una situación de urgencia, sino que supone un “atropello”, y se ha preguntado “cuánto tiempo más” se mantendrá al Ejecutivo en funciones. No obstante, ha asegurado que su grupo ha sido “responsable” al no impedir su aprobación, aunque ha reiterado su petición de que se tramitara como proyecto de ley para garantizar “todas las garantías”.
Finalmente, la presidenta de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha anunciado que su grupo no sería “cómplice de este engendro democrático”, renunciando incluso a votar el decreto. “Lo que no es legal no se puede legitimar con nuestro voto”, ha afirmado.
De Miguel ha calificado el decreto ley de “barbaridad jurídica” y “absoluto esperpento”, señalando que sale adelante con el apoyo de quienes, a su juicio, mantienen paralizada la región desde hace cinco meses “por puro capricho y tacticismo electoral”.
